Por: Magdalena López Valdez*

La desaparición forzada de personas en México tiene claramente dos etapas que se diferencian entre sí por razón del contexto social y político. En gran medida los contextos de la desaparición de personas explican e identifican las características de esta violación grave de los derechos humanos y permiten buscar con mayor rigor políticas públicas más apropiadas conforme a los estándares internacionales. 

La primera etapa mexicana refleja la típica violación de Estado en el contexto de la llamada “guerra sucia” que se dio en el régimen político del Siglo 20. Son sus agentes los perpetradores de la desaparición por razones políticas.

El caso Rosendo Radilla es el más representativo: una persona, acusada de cantar corridos a favor de la guerrilla en la lucha de Lucio Cabañas en el sureste del País, es desaparecida y detenida por militares. Todavía a la fecha, México no ha cumplido con la obligación de garantizar el derecho a la verdad a la que fue condenado por el sistema interamericano.
La segunda etapa refleja el contexto de la transición política mexicana. Después del 2000, la alternancia en el poder escenifica –independientemente de sus causas y responsables– un grave problema de seguridad pública. Los feminicidios de Juárez son el caso más representativo. En el caso Campo Algodonero, el Estado mexicano fue condenado de nueva cuenta por la Corte IDH por la situación de riesgo y vulnerabilidad de las mujeres desaparecidas en ese contexto de violencia de género.

Las autoridades mexicanas, por tanto, no han estado lo suficientemente preparadas para enfrentar este problema. Es una cuestión compleja que han tenido que ir resolviendo sobre la marcha para conocer, entender y resolver las diferentes cuestiones de derechos humanos que se deben realizar conforme a los estándares internacionales. 

Desde su misión a México en el 2011, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de la ONU ha emitido una serie de recomendaciones que reflejan el carácter pluriofensivo de este delito que ha afectado el centro de nuestra cohesión social: el derecho a una vida digna sin desapariciones arbitrarias.

Más recientemente, los diferentes Informes del GIEI, creado en el 2014 por la Comisión IDH y formado por un grupo de expertos independientes para el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, reflejan la dificultad que el Estado mexicano atraviesa para atender de manera adecuada el problema de la protección de los derechos de las personas desaparecidas.

Familias, sociedad y Estado, por ende, han ido gradualmente generando diferentes prácticas de atención para enfrentar uno de los más graves problemas de violación de los derechos humanos. Ninguna, sin embargo, ha dado respuesta cabal al principal problema: encontrar a las personas ausentes que siempre están presentes en la lucha por los desaparecidos.
Coahuila, desde hace más de cinco años, ha ensayado un modelo de trabajo que se reconoce a nivel nacional e internacional como una buena práctica. Por la iniciativa, el consenso y participación de las familias de las personas desaparecidas se construyó un Grupo Autónomo de Trabajo para darle seguimiento a las diferentes recomendaciones universales y regionales para la protección de los derechos de las personas desaparecidos.

Es un modelo de trabajo que ha permitido un espacio de inclusión, consenso y participación de las familias, en el que Gobierno y sociedad construyen juntos la política pública para atender y resolver el problema.

No ha sido fácil. Los temas son muy complejos y van desde hacer y aplicar una ley compleja –como, por ejemplo, para la identificación forense de las personas– a la construcción de una política pública de atención para resolver los problemas que las familias atraviesan en materia de salud, alimentación, educación o vivienda.

Sin embargo, el patrimonio más importante de Coahuila está en el movimiento de los diferentes colectivos de las familias para resolver la protección de sus derechos. 

Son ellas las que han lograr visualizar el tema, comprometer a las autoridades y buscar siempre esquemas de diálogo e interlocución con el Gobierno del Estado que siempre ha mostrado, desde el inicio de su sexenio a la fecha, voluntad política para seguir avanzando en el tema. 

Coahuila, por tanto, ofrece una nueva etapa del problema de la desaparición que se centra más en una política de Estado bajo estándares internacionales que pretende consensuar medidas apropiadas para proteger todos los derechos de las personas desaparecidos.

Este modelo –calificado como una buena práctica por organismos y expertos internacionales– debe ser una guía de reflexión para todos a fin de seguir avanzando en el tema. 

En realidad, el Estado mexicano tiene una gran deuda con la sociedad mexicana para encontrar a nuestros desaparecidos y proteger sus derechos. Creo que, desde Coahuila, sin politizar el tema, sin lastimar a las familias y la dignidad de nuestros desaparecidos y ofreciendo siempre voluntad política, conocimientos científicos y alto profesionalismo en la protección de los derechos humanos, podemos seguir construyendo juntos la política de Estado que requiere nuestro País. 

La verdad y la justicia así lo exigen.

*Presidenta de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Coahuila

Este texto es parte del  proyecto de Derechos Humanos de VANGUARDIA y la Academia IDH