Desapariciones forzadas en México, "crimen de Estado"

En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadax, cientos de personas, padres, madres, hijos y amigos de los ausentes, salieron ayer a las calles de Coahuila, Chihuahua, Nuevo León y Baja California a exigir a las autoridades la búsqueda de sus seres queridos, sanción a los responsables y freno a ese delito.

¿Dónde están nuestros hijos?, corearon durante una marcha por calles de Torreón integrantes del Grupo Vida, que agrupa a familiares de desaparecidos, quienes se desplazan hasta donde alguien les informa sobre sitios que sirvieron a las bandas de narcotraficantes para torturar y asesinar a sus víctimas.

La búsqueda es en vida, eso no hay que olvidarlo, dijo Silvia Élida Ortiz Solís, coordinadora de Grupo Vida, quien busca a su hija Silvia Stephanie Sánchez-Viesca Ortiz, desaparecida el 5 de diciembre de 2004, cuando salió de la preparatoria e volvía a su casa. Tenía 16 años de edad.

En Saltillo, Pedro Pantoja Arreola, sacerdote jesuita y fundador de la casa del migrante Frontera con Justicia, ofició una misa en la catedral de esa ciudad, donde denunció que, lejos de detenerse, la desaparición forzada de personas en México crece bajo el amparo del gobierno. Es un crimen de Estado, de lesa humanidad, opinó.

Lourdes Herrera forma parte del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y está convencida de que ante el desinterés del gobierno, las familias de las víctimas están obligadas a mantenerse en su búsqueda.

La mañana del 29 de agosto de 2009 la vida le cambió a Lourdes con el secuestro de su esposo, Esteban Acosta Rodríguez, entonces jefe de seguridad y custodia del penal varonil de Saltillo, quien viajaba rumbo al aeropuerto de Monterrey acompañado de su hijo Brandon, de ocho años, y de sus hermanos Gerardo y Gualberto Acosta Rodríguez. Desde entonces se desconoce el paradero de los cuatro.

Son ocho años y la desesperación no pasa, es igual, como el primer día que no supe de ellos, que no estuve con mi niño, indicó.

Seguiremos exigiendo al gobierno la búsqueda en vida, nuestra principal demanda, y justicia, porque es el Estado, el gobierno, quien permitió esta tragedia que estamos viviendo miles de familias mexicanas. Nuestros desaparecidos tienen nombre y familias que los aguardan desesperadamente, aseguró.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, familiares, amigos y activistas realizaron dos marchas: una a la Fiscalía de la Mujer para exigir la presentación con vida de 108 desaparecidas desde 1993 hasta finales de 2016. En lo que va de 2017 suman 16.

La otra fue a la Fiscalía General del Estado en la zona norte para exigir la presentación de víctimas de desaparición forzada y que se ponga fin a la tortura. Denunciaron que las autoridades mantienen congelados los expedientes, a pesar de que existen evidencias de que quienes fueron atormentados por la policía no realizaban actividades ilícitas.

En Chihuahua se tienen registrados mil 986 desaparecidos; 21 casos son del fuero federal y mil 965 del fuero común.

Óscar Enríquez, fundador del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, explicó que la protesta fue para presionar a las autoridades a fin de que realicen su trabajo a cabalidad y busquen a tanta víctima de desaparición.

También instaron al Congreso de la Unión para que la Ley de Desaparición Forzada de Personas estipule la colaboración de los tres niveles de gobierno, pues el problema en México es grave.

En Monterrey, Nuevo León, medio centenar de personas llevaron fotografías de sus seres queridos perdidos y demandaron que los presenten vivos.

Los ausentes residían en Nuevo León y Tamaulipas y sus parientes se reúnen cada mes con representantes de las procuradurías de ambos estados para conocer el avance de las indagatorias, dijo Liz Sánchez, representante de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC.

De acuerdo con los registros oficiales, en Nuevo León ha habido mil 397 desaparecidos en los 10 años recientes, pero los activistas calculan que la cifra podría llegar al doble.

Son 10 años de búsqueda y vemos cómo se siguen dando desapariciones mientras el trabajo de las autoridades deja mucho qué desear,, reprochó la activista Juana Catalina Estala Lozano.

Fosas sin revisar en NL

En otro acto realizado en la Plaza de los Desaparecidos, en Monterrey, Leticia Hidalgo, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, señaló que las investigaciones en las fosas clandestinas encontradas en el municipio de García en mayo de este año se encuentran estancadas.

Integrantes de la Asociación Esperanza contra la Desaparición Forzada de Personas y la Impunidad se manifestaron en la explanada del Centro Cívico de Mexicali, frente a las oficinas del gobierno y el Congreso de Baja California, para exigir justicia pronta y expedita y se aclare el paradero de sus parientes privados de su libertad.

En esta entidad hay más de 3 mil casos de desapariciones forzadas desde 2000.

Irma Leyva, madre de Diego Hernández Leyva, ex agente de la policía ministerial desparecido en enero de 2007, y Alma Díaz, madre de Érick Francisco Díaz, agente de la Procuraduría General de la República privado de la libertad en junio de 1995, señalaron que la fiscalía busca osamentas en forma precaria y obsoleta, sólo con perros y varillas. Leyva exigió nuevamente al gobierno estatal que compre un georradar para localización de restos humanos.

En Chilpancingo, el Comité de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Desaparecidos del Estado de Guerrero y del País demandaron justicia al gobernador Héctor Astudillo Flores.

En entrevista, María Guadalupe Rodríguez Narciso, dirigente de esta organización en Chilpancingo, mencionó que en Guerrero se demanda la presentación de unas 300 personas. El gobernador ha hecho caso omiso, a pesar de que hemos tenido reuniones con él, y si bien nos ha escuchado no hay una respuesta ni un compromiso con las víctimas.

Con información de Leopoldo Ramos, Rubén Villalpando, Érick Muñiz, Antonio Heras y Sergio Ocampo