Lo que sigue en la investigación es evidenciar la cadena de complicidades necesaria para que el fraude, que ha sido denunciado, pudiera perpetrarse

La confirmación sobre la existencia de una orden de aprehensión en contra del líder de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), José Luis Ponce Grimaldo, ha puesto sobre la mesa –una vez más– el tema relativo a las múltiples ilegalidades que han caracterizado la operación cotidiana de dicho gremio.

No se trata de ninguna noticia nueva, hay que decirlo, enterarnos de que la dirigencia sindical del magisterio –cualquiera que sea la Sección de la cual hablemos– ha incurrido en prácticas que implican usar los recursos que tienen a su disposición de forma irregular.

De hecho, lo novedoso en este caso es que las autoridades estatales, específicamente la Fiscalía Anticorrupción, hayan decidido no solamente integrar la carpeta de investigación respectiva sino judicializar el caso e ir tras los presuntos responsables de este caso, quienes habrían sustraído decenas de millones de pesos del fondo de ahorro de la citada sección sindical.

Frente a tales hechos, el coordinador de la Comisión de Auditoría y Cuenta Pública del Congreso del Estado, Juan Antonio García Villa no ha tardado en alzar la voz y señalar lo que todo mundo comenta en voz alta: lo del Fondo de Ahorro de la Sección 5 es apenas uno de los múltiples casos de manejo irregular en el SNTE.

“Nosotros lo señalamos desde el año pasado y antepasado, no solamente de esa Sección (la 5), sino de otras dependencias que tienen que ver con el magisterio, porque ocurre que las secciones sindicales son las que manejan los fondos de pensiones, por ejemplo”, ha dicho el legislador local.

En efecto, no hace falta sino hacer un pequeño esfuerzo de memoria para recordar las muchas ocasiones en las cuales los medios de comunicación hemos reseñado las denuncias y señalamientos de integrantes del magisterio, así como de diversas autoridades, en relación con el manejo ilegal de los recursos que se les ha permitido administrar a los líderes del SNTE.

Por ello, más allá de seguir con atención el desarrollo de este episodio, habría que preguntarse si estamos ante el inicio de un proceso de “limpia” que conduzca a la corrección de las muchas ilegalidades en las cuales ha incurrido el magisterio estatal.

Sería muy lamentable que, una vez decididos a perseguir a quienes se encuentran detrás de este caso, las autoridades responsables de hacer cumplir la ley permitieran que sean los criterios políticos y no los legales los que definan su desenlace.

La tentación sin duda aparecerá porque lo que sigue en la investigación es evidenciar la cadena de complicidades necesaria para que el fraude, que ha sido denunciado, pudiera perpetrarse. Y es que evidenciando dicha cadena pueden quedar al descubierto otros casos de corrupción que han sido ventilados públicamente.

Resulta ingenuo creer que José Luis Ponce Grimaldo actuó solo en esta trama y que sólo él se benefició de los recursos ilegalmente obtenidos. Y sólo si se persigue y castiga a todos los involucrados podrá pensarse que episodios como éste sean dejados definitivamente en el pasado.