¿Error o justicia? Un Tribunal ordenó investigar de nuevo la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos. / ARCHIVO
Sostuvo que los magistrados que emitieron esa resolución carecen de facultades para establecer comisiones de la verdad

CDMX.- Este lunes un Tribunal ordenó la creación de una Comisión de la Verdad para la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; para Enrique Burgos García, del PRI, representó un error, pero para Amnistía Internacional (AI) fue un avance en pro de la justicia.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Enrique Burgos García, urgió que el Consejo de la Judicatura Federal revise la decisión del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito que ordenó integrar una Comisión de la Verdad.

Sostuvo que los magistrados que emitieron esa resolución carecen de facultades para establecer comisiones de la verdad, por lo que pidió a la Judicatura “que se corrija este error grave”.

Los magistrados no midieron las consecuencias, de su resolución, pues al señalar que hubo tortura en la obtención de declaraciones, la sociedad corre el riesgo de que obtengan su excarcelación quienes están bajo proceso con pruebas en su contra, afirmó.

RESOLUCIÓN, UN AVANCE
Esta decisión del tribunal federal podría, bajo ciertas condiciones, iniciar un cambio sustancial en la forma de investigar graves violaciones a los derechos humanos en México, consideró AI.

“Después de cuatro años de continuos fracasos en la investigación del caso, esta decisión representa un avance importante en la búsqueda de la verdad, justicia y reparación para los 43 estudiantes que fueron desaparecidos forzosamente la noche del 26 de septiembre de 2014”, aseguró la directora para las Américas de ese organismo civil internacional, Erika Guevara Rosas.

 “Parece quedar demostrada que la teoría del caso de la PGR, referida al supuesto asesinato e incineración de los estudiantes en un basurero en Cocula, es poco creíble y que es mantenida solamente a costa de ignorar las pruebas y alterar la evidencia.

Con información de El Universal y La Jornada