Cinco directivos de la Facultad de Ciencias de la Administración, de la UAdeC, firman un comunicado dirigido 'a la sociedad coahuilense y a la comunidad universitaria' en el cual reconocen, con lujo de detalles, sus graves pecados y piden perdón. Pero como en el texto se huele la hipocresía, el acto no puede ser tomado sino como una manifestación del despotismo (pretendidamente) ilustrado

Una docena de títulos universitarios reunidos en la humanidad de los “abajo firmantes”. Media docena en la de los doctores y la otra mitad en la de los maestros: un cartel de lujo, si no fuera por las palabras con las cuales decidieron acompañar sus firmas…

El texto, dirigido “a la sociedad coahuilense y a la comunidad universitaria”, es una verdadera joya, una pieza literaria de colección, una compilación de palabras dignas de algún muro de honor. Un pasaporte automático a la inmortalidad para sus autores.

Difícil encontrar en los anales de la historia universitaria de Coahuila una muestra superior de reconocimiento explícito, crudo, descarnado, frío, de las culpas propias. La autoflagelación pública –autoimpuesta, debemos suponer– podría ser reconocida también como un monumental acto de honestidad intelectual y de contrita sinceridad. Pero sólo “podría”.

Los latigazos llegan sin anestesia y se asestan sin piedad: “El pasado 5 de septiembre… se llevó a cabo una ceremonia de graduación en las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Unidad Saltillo”, dice el texto en su primer párrafo, para enseguida pasar a lo importante:

“Se trató de un evento masivo que no fue autorizado ni por la Universidad Autónoma de Coahuila, ni por alguna autoridad competente, el cual puso en riesgo la salud de las personas asistentes y contravino las disposiciones dictadas por el Subcomité Técnico Regional COVID-19”. Directo, conciso, sin ambigüedades.

Para no dejar lugar a la duda, los infractores pasan en el siguiente párrafo, de la voz impersonal del narrador al uso de la primera persona del plural:

“Reconocemos de igual forma, que a pesar de que las autoridades competentes, en especial, el personal de la Dirección de Protección Civil de Saltillo nos indicó que el evento debía ser interrumpido de forma inmediata, no se acató dicha instrucción de forma oportuna y se tomó la decisión, incorrecta, de continuar con el desarrollo del mismo a pesar de los reiterados llamados de la autoridad para concluirlo”.

No hay frugalidad en el reconocimiento de la culpa ni de la contumacia en la actuación. No se intenta matizar en lo más mínimo lo ocurrido, ni la forma en la cual se insistió en prevalecer en el terreno de la ilegalidad pese a las invitaciones en contrario.

Pero, para ser absolutamente claros, los “abajo firmantes” se explayan aún más en la admisión de sus pecados:

Cada una de las personas que firmamos la presente disculpa pública, reconocemos que fue un error organizar un evento de esta magnitud en medio de la peor pandemia de salud pública(sic) que ha enfrentado nuestro país en las últimas décadas. Aceptamos que se trató de una decisión equivocada, poco responsable y contraria a los valores universitarios. De igual forma estamos conscientes y apenados por el desacato a las autoridades y la obstrucción a la labor de las mismas”.

I-rre-pro-cha-ble… Salvo por la barbaridad de “la peor pandemia de salud pública” el párrafo debería pasar a formar parte de algún manual de capacitación para la erradicación del cinismo en el ámbito público.

Doña Yazmín Guadalupe Cervantes Ávila y los señores Jesús Alberto Montalvo Morales, José Refugio Duque Retiz, Francisco Javier García Rincón y Víctor Cantú Hernández merecen el reconocimiento por su honestidad para admitir las faltas en las cuales incurrieron.

Pero sólo eso. Porque más allá del reconocimiento explícito –casi grotesco– de su comportamiento ilícito, no se retrata en el texto la asunción igualmente plena de la forma en la cual su conducta personal mancha a la institución universitaria y agrede el interés público.

Una confesión de este calibre, para ser percibida como un acto de decencia, debería incluir el reconocimiento sobre cómo las conductas asumidas descalifican absolutamente a sus responsables para ubicarse al frente de una comunidad de estudiantes y profesores universitarios.

Por ello, como ese reconocimiento no se da, el acto no puede percibirse sino como la continuación de la impudicia, de la afirmación en la desvergüenza y hasta de la jactancia en la duplicidad moral.

Una pieza exquisita del despotismo ilustrado al cual sólo puede llegarse, supongo, mediante la acumulación de tantos títulos…

ARISTAS

La apuesta parece bastante clara: considerar la autoflagelación pública de los transgresores como castigo suficiente por el “desliz” y aceptar sus “sinceras” disculpas como expiación bastante para sus pecados.

Un dato, sobre todo, hace pensar en el acierto de la hipótesis: la administración municipal, aunque actuó con atingencia el día de los hechos, se está “haciendo loca” con la imposición de la sanción correspondiente. ¿Será acaso por el hecho de encontrarnos en pleno proceso electoral? ¿O porque su titular, Manolo Jiménez, calcula cada acción en función de los réditos para su eventual candidatura por la gubernatura de Coahuila?

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

carredondo@vanguardia.com.mx

Carlos Arredondo Sibaja

Columna: Portal 

Periodista con más de 30 años de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Ingeniero Industrial y de Sistemas por la Universidad Autónoma de Coahuila y Licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Además, es máster en Administración y Alta Dirección por la Universidad Iberoamericana y tiene estudios concluidos de maestría en Derechos Humanos en la Facultad de Jurisprudencia de la UAdeC. Se ha desarrollado profesionalmente en el servicio público, la academia y el periodismo. Integrante de la Comisión de Selección del CPC, del Sistema Anticorrupción de Coahuila.