Resulta inentendible que en lugar de apoyar a los gobiernos municipales y asegurar que puedan atender las demandas de sus gobernados, el Gobierno de la República busque cada vez más fórmulas para quitarles dinero

De acuerdo con los más recientes datos difundidos por el Gobierno de Coahuila, los municipios de la entidad “perdieron” 35 millones de pesos en participaciones luego del “ajuste” que realizó la Federación al término del primer trimestre de 2021, momento en el cual se realizan los cálculos precisos de lo entregado el año anterior contra lo que realmente les correspondía.

En otras palabras, de acuerdo con los cálculos del Gobierno de la República, durante 2020 entregó dinero “de más” a 22 municipios coahuilenses y por ello en la ministración entregada en el mes de abril se cobró “a lo chino” los 35 millones de pesos presuntamente transferidos en demasía.

En principio, el “ajuste” realizado parece lógico, pero si se observa más de cerca algunos detalles tal lógica desaparece.

En primer lugar es necesario recordar que, como se informó a lo largo de todo el año pasado –y de forma similar durante 2019–, las participaciones originalmente calculadas para el Estado de Coahuila fueron sufriendo disminuciones y retrasos que terminaron por sumar cientos de millones de pesos en recortes para la entidad.

En segundo lugar debe señalarse que si algo ha presumido el Gobierno de la República durante 2019 y 2020 es la alta recaudación lograda, incluso por encima de lo recaudado en el último año de la administración de Enrique Peña Nieto. En particular, durante 2020 se destacó el hecho de que la contracción económica provocada por la pandemia no se hubiera traducido en un desplome de la recaudación tributaria.

Tales circunstancias llevaron a cuestionar en su momento por qué, si el Gobierno Federal estaba recaudando tanto dinero le quitó recursos a los estados reteniendo una porción de las participaciones originalmente calculadas.

Hoy, cuando se nos informa del “ajuste” realizado en el primer trimestre de 2021 no solamente cabe cuestionar la razón por la cual el ajuste no se hace contra las cifras originalmente establecidas en el presupuesto de egresos aprobado por el Congreso de la Unión, sino por qué no se aprovecha la circunstancia para apoyar las finanzas locales.

Como se ha dicho en múltiples ocasiones, el orden de Gobierno más cercano a los problemas de la población y, por ende, el que más recursos debería tener para responder con rapidez a las demandas de la ciudadanía, es el municipal. Pero tanto el Gobierno de la República como los estatales se han encargado hasta ahora de mantener un modelo centralista que le regatea el dinero a los municipios.

Resulta inentendible en este sentido, que en lugar de apoyar a los gobiernos municipales y asegurar que puedan atender las demandas de sus gobernados, particularmente en circunstancias como las provocadas por la pandemia, el Gobierno de la República encabezado por Andrés Manuel López Obrador busque cada vez más fórmulas para quitarles dinero.

Y lo es más en la medida en que, de acuerdo con los propios datos del Gobierno Federal, el problema no es la escasez de recursos.