Dos casos de corrupción en el ejército

Esta semana el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dio varias entrevistas en medios respecto a la decisión de la FGR de no ejercer la acción penal en la investigación del general Cienfuegos. En la conversación que tuvo con Carmen Aristegui este martes el fiscal Gertz explicó la decisión de la fiscalía de cerrar la investigación debido a que las pruebas que la DEA entregó a las autoridades mexicanas se desecharon y que no hubo información suficiente para presuponer la comisión de un delito por parte del ex secretario de la Defensa. Sin embargo, dadas las atribuciones que se le han conferido a las fuerzas armadas durante la actual administración, conviene hacer un recuento respecto a algunas irregularidades y delitos de corrupción asociados con estas instituciones durante el periodo del General Cienfuegos como Secretario de la Defensa, así como de la impunidad en los mismos.

Una de las caracterizaciones frecuentes que hace el presidente López Obrador de las fuerzas armadas es sobre su honorabilidad y honestidad. Esta fue una de las razones expuestas para dar a las fuerzas armadas el control de puertos y aduanas así como la construcción de varios megaproyectos. Sin embargo, también en estas instituciones se dan prácticas corruptas. Dos investigaciones sacan a la luz esquemas de desvío de recursos del ejército utilizando empresas fantasma. La investigación “Facturas falsas: la epidemia del sector salud” de Impunidad Cero y Justicia Justa y la investigación de Zorayda Gallegos en El País sobre el desvío en la Sedena de más de 156 millones de dólares con facturas falsas del 2013 al 2019. Ambas investigaciones se realizaron haciendo solicitudes de información al SAT y a diversas autoridades respecto a los comprobantes fiscales digitales que tenían con empresas que facturan operaciones simuladas. En la investigación de Luis Pérez de Acha, Denise Tron y Mariana Ruiz sobre el desvío de recursos del sector salud utilizando empresas fantasma, se encontraron 342 facturas falsas expedidas a nombre del ISSFAM, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. Las facturas corresponden al periodo 2014-2017, periodo durante el cual el general Salvador Cienfuegos era el Secretario de la Defensa.

Tanto la investigación de Impunidad Cero como la de Zorayda Gallegos, se hicieron realizando solicitudes de acceso a la información y recurriendo al INAI cuando las autoridades no respondían a lo preguntado. Sin embargo, esta información es pública y la FGR podría hacer un análisis financiero mucho más minucioso y a detalle de las personas vinculadas a las cuentas de estas empresas fantasma así como determinar qué se hizo con el dinero robado. El gran problema está en que la Fiscalía General de la República parece querer una carpeta de investigación ya armada y terminada para empezar a investigar, por más contradictorio que esto suene. El Fiscal en varias entrevistas ha aducido como motivo para exculpar los niveles de impunidad en los delitos de corrupción que le corresponden investigar, que no le entregan las pruebas cuando se denuncian hechos ilícitos, incluso ha culpado a la propia Unidad de Inteligencia Financiera de hacer esto.

Estos dos casos ocurrieron cuando Cienfuegos era Secretario de la Defensa, lo cual no implica necesariamente que él estuviera involucrado en este esquema de desvío de recursos, pero sí que no se procedió a investigar ni sancionar estas prácticas en las instituciones a su cargo. Si es verdad que las fuerzas armadas en este país no disfrutan de un pacto de impunidad, conviene empezar a investigar estos desvíos y determinar las redes de corrupción dentro de estas instituciones. Si un grupo de ciudadanos logramos identificar estos desvíos de recursos utilizando solicitudes de acceso a la información, la autoridad puede investigar mucho más, si quieren pruebas pueden empezar por estos dos casos.