El Estado de México tiene una gran importancia nacional por el tamaño de su población, ubicación geográfica, el peso de su economía, y su papel político actual en virtud de que es el territorio del Presidente de la República. Adquiere mayor significancia porque el próximo año 2017, tendrá elecciones para gobernador, Congreso local y presidencias municipales; es decir, la antesala de 2018.
Por ello mismo, los reflectores y los ojos de todo mundo están ya puestos en esa entidad, y lo que allí suceda —desde ahora hasta el día de las elecciones— será clave para la renovación de la Presidencia del país dentro de 20 meses.

Eso explica el activismo inusitado del gobernador Eruviel Ávila y del PRI, haciendo gala de los peores vicios del viejo partido en el gobierno para comprar voluntades que se traduzcan en votos, así como la persistente presencia de Peña Nieto entregando obras y queriendo proyectar la imagen de un gobierno exitoso que, por tanto, merece que su partido continúe al frente de esa administración.

Pretenden Peña Nieto y Eruviel Ávila, ocultar la tragedia del estado donde el creciente índice delictivo lo coloca entre las cinco entidades más inseguras de la República, al grado que se ha llegado al extremo de la aparición de “justicieros” que salvan a víctimas de delitos ante la inoperancia de sus instituciones; tiene las policías más corruptas, ladronas y criminales del país; es la entidad con mayor número de feminicidios, y el estado con mayores desigualdades sociales y ascendentes niveles de pobreza.

Esta trágica realidad sólo es superada por el enorme peso del control corporativo sobre amplias masas de gente pobre y la capacidad que, por décadas, se ha tenido para cooptar (comprar con dádivas) a significativos sectores de la oposición, con la ilusión de “fortalecerlos” por separado “para que crezcan y sean opción de gobierno dentro de algunos años”, todo con tal de que no se alíen entre sí en los comicios de junio próximo.

El PRI sabe que, en las condiciones actuales, tiene perdidas las elecciones presidenciales de 2018 después de la desastrosa gestión de Enrique Peña Nieto.

También saben los priístas que si pierden las elecciones del Estado de México en 2017, ya no tendrían ninguna posibilidad real de ser competitivos un año después; pero que si retienen el Edomex, pueden proyectar una imagen de fortaleza y poderío y, con esa victoria, cargar sus tanques de oxígeno para disputar, con posibilidades de triunfo, la Presidencia.

Las oposiciones nacionales presentes en la entidad, deben asumir un papel estratégico en estas elecciones: derrotar al PRI y romper el círculo vicioso de las cooptaciones y la división propiciada desde las esferas gubernamentales. Vencer al PRI en su más importante bastión.

Condición indispensable para ello es conformar una amplia coalición electoral con compromisos de gobierno y legislativos para integrar un gobierno de alianza de amplio espectro democrático y populista, con partidos, organizaciones de la sociedad civil y personalidades que compartan esa aspiración, y acordar un método de selección para designar las diversas candidaturas —especialmente la de gobernador del estado— sin mezquindades partidistas ni personales. El plazo para registrar la posible coalición vence el 24 de diciembre.

En este 2017 también habrá elecciones para gobernador en Nayarit y Coahuila; pero la más relevante es la del Edomex.

Si se construye esta alianza amplia, será el laboratorio para que —en 2018— se conforme el primer gobierno de coalición a nivel nacional, como alternativa a la crisis de régimen que, grotescamente, expresa sus signos de agonía con los escándalos de Veracruz y Quintana Roo, entidades que, por cierto, confirman que el PRI-gobierno no es invencible.
El esfuerzo bien vale la pena. ¡Es por México, es por la gente!

Vicecoordinador GPPRD en la Cámara de Diputados