La impunidad echa raíces si el Estado y la sociedad normalizan y niegan las atrocidades. Cuando se les reconoce afloran la verdad y la justicia. Como en Coahuila. 

En el 2009 los Zetas ya controlaban el norte de Coahuila. Despóticos, castigaron una traición con la barbarie. Ocuparon Allende –ciudad de 22 mil habitantes—y en un fin de semana de marzo de 2011 desaparecieron al menos a 26 personas y destruyeron 32 casas y dos ranchos. Pocos lo denunciaron. La conspiración de silencio era tan densa que la Procuraduría estatal aceptó una declaración poco creíble del presidente municipal de Allende. En julio de 2012 el entonces panista y ahora priísta, Sergio Lozano admitió que sí estuvo ese fin de semana y se evadió diciendo que “no fui testigo presencial de los hechos”… “me enteré por comentarios aislados de personas que tampoco habían presenciado los acontecimientos” y “nunca recibí notificación alguna, queja o denuncia de personas o víctimas de los hechos violentos”. 

La Procuraduría se conformó porque, salvo unos cuantos, gobierno y sociedad habían normalizado, racionalizado o negado los hechos. Es un comportamiento bien estudiado. Hannah Arendt señaló el papel de los “observadores” (bystanders, en inglés) que, con sus silencios y omisiones, facilitaron las monstruosidades ocurridas en Alemania. Pasa lo mismo en Argentina y México, entre otros países. 

La Procuraduría estatal detuvo hace días al exalcalde Lozano acusándolo de ser “cómplice por omisión”. Para que procedieran contra él fue determinante que Allende pasara del anonimato al protagonismo. Los familiares de las víctimas alzaron la voz y encontraron respaldo en unos cuantos organismos civiles; luego tomaron el caso algunos medios de comunicación, así como académicos mexicanos y extranjeros. La sociedad rasgó los sudarios de silencio pero encontró disposición en el gobierno estatal y algunas instituciones federales. 

Me detengo en las reacciones posteriores a la detención. Voces calificadas han salido a contextualizar el comportamiento del exalcalde. Jesús Ramírez Rangel, exdiputado federal panista, escribió en VANGUARDIA que Sergio Lozano hizo lo que hicieron “todos los alcaldes de Coahuila: NADA”. El obispo de Piedras Negras, monseñor Alonso Gerardo Garza Treviño añadió que “nadie se podía oponer a los deseos de los jefes del crimen en esta región, no había fuerza alguna que los frenara”.  Varios vecinos de Allende han puesto su testimonio en Facebook: uno de ellos reconoce que “nos quedamos callados y enfermamos de terror”. 

La familia de Sergio Lozano proporcionó un dato fundamental. Según la esposa y la hija “él avisó a las autoridades” pero la llamada fue ignorada. El dirigente Estatal del PAN, Bernardo González, confirma que el entonces alcalde avisó pero nadie le “hizo caso”. Si el exalcalde —actualmente en prisión— explica a quién buscó, cuándo, cómo y con qué resultados, precisaremos las responsabilidades de funcionarios estatales y federales. ¿Llegará el gobierno de Rubén Moreira hasta las últimas consecuencias? 

El encarcelamiento del alcalde se da cuando está en marcha el proceso electoral coahuilense. Los desaparecidos de Allende y el control absoluto que tuvieron los Zetas sobre una gran parte del territorio coahuilense serán tema de campaña. El candidato del PRI exhibirá los avances como ejemplo del compromiso tricolor con la justicia y la oposición le responderá que el reinado de terror fue auspiciado por gobiernos priistas. 

El telón de fondo es un hecho incómodo: gobernantes del PRI y el PAN fueron coparticipes de la negación. Fuentes confiables me dicen que la PGR de Felipe Calderón sí fue informada. 

Gobiernos, partidos y sociedad debemos blindar la búsqueda y continuidad de la verdad en un caso que se ha hecho paradigmático y que desemboca en temas fundamentales condensados en dos preguntas enunciadas por Stanley Cohen, padre de la sociología de las negaciones: ¿qué hacemos con el conocimiento sobre el sufrimiento de otros? ¿Qué hará la verdad con cada uno de nosotros? 

Me quedan dos certidumbres: no hay marcha atrás en la exigencia de verdad, justicia y reparación del daño a las víctimas y es indispensable la convergencia de Estado y sociedad. La detención del exalcalde Lozano es una buena señal. 

Twitter: @sergioaguayo
Colaboraron Manuel Pérez Aguirre y Anuar I. Ortega Galindo.