La Contraloría Municipal de Saltillo ha determinado que el exalcalde Isidro López Villarreal incurrió en una o varias faltas administrativas graves y, debido a ello, turnó el expediente de la investigación abierta en su contra al Tribunal de Justicia Administrativa.

De acuerdo con documentos a los que VANGUARDIA tuvo acceso, la Contraloría Municipal ha informado oficialmente al exmunícipe de esta decisión, e incluso le ha hecho saber el número del expediente abierto en el Tribunal de Justicia Administrativa tras turnarse el caso a dicha autoridad.

Con independencia de las lecturas políticas que pueda darse al hecho es importante tener claro el significado jurídico de éste: la Contraloría Municipal de Saltillo está acusando formalmente a Isidro López Villarreal de haber incurrido en una o varias de las 10 conductas que la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece como graves.

Una vez que la acusación ha sido formalizada, lo que sigue es que el Tribunal, a través de su Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas, determine si el expediente remitido por la Contraloría Municipal contiene todos los elementos del caso y, de ser así, emplazará a Isidro López para que ejerza su defensa.

Si la Contraloría Municipal hizo bien su trabajo, es decir, si armó correctamente el expediente y en éste se contienen las pruebas para demostrar que Isidro López y otros funcionarios de su administración cometieron efectivamente faltas graves, deberá dictar la sanción correspondiente.

¿Cuál puede ser ésta? De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dado que se trata de un exservidor público, las sanciones procedentes serían la imposición de una multa y la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 20 años, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras del sector público.

Habrá que esperar al desahogo del juicio, desde luego, pero ya desde ahora puede señalarse que la acusación enderezada contra Isidro López constituye uno de los precedentes más importante en la corta vida del Sistema Anticorrupción del Estado, al tratarse de un proceso abierto contra quien gobernara la capital de Coahuila.

Seguramente será inevitable que el caso se contamine con señalamientos de carácter político e incluso se vea salpicado por planteamientos de corte familiar y ése constituye sin duda el reto más importante de las autoridades involucradas en el desahogo del caso: convencer a la opinión pública de que la acusación y el juicio que deriva de ella se desprenden únicamente del celo en el cumplimiento de las responsabilidades legales que a cada parte competen.

Pero incluso si en el caso se demuestra que se cometieron las presuntas irregularidades que la Contraloría Municipal imputa, seguirá flotando en el ambiente el cuestionamiento de si la principal motivación para intentar fincar responsabilidades a Isidro López es en realidad su militancia partidista y no la evidencia de que incurrió en faltas durante el tiempo que ejerció el poder.