El bien mayor
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Este es el texto original de la fracción III del artículo tercero constitucional que se pretende derogar –entre otros– con la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para echar abajo la reforma educativa aprobada por la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión, de la que tuve el honor de ser parte: “Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República.
Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas, así como de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los padres de familia en los términos que la ley señale.
Adicionalmente, el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a la ley…”.
La primera falacia que se ha traído y llevado desde que fue aprobada la reforma educativa, es que atenta contra los derechos constitucionales de los trabajadores, misma que enarboló el prócer de Morena para “hacerles justicia” a los maestros a quienes se “agravió” con la aplicación de una evaluación periódica, previa capacitación y hasta con 3 oportunidades y con derecho a ser reubicados en área administrativa o a retirarse con todos sus derechos a salvo.
En la disposición que propone se derogue se lee expresamente que esa evaluación se realizará con “Pleno respeto a sus derechos constitucionales”, y en ese marco están sus derechos laborales.
Hubiéramos sido absolutamente irresponsables, a más de torpes, descuidando algo sustantivo, porque se trata de derechos ya adquiridos por los profesores. El artículo 14 constitucional establece que: “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”. Nunca estuvieron, ni están –porque aún no se deroga– en peligro sus derechos laborales. Y si así hubiera sido, con un amparo directo echarían abajo una disposición de semejante naturaleza.
Lo que nunca perdonaron los lideretes sindicales es que se les arrebatara el negocio de la vida, es decir, la vendimia de plazas o el otorgamiento de las mismas a parientes y amiguetes.
Eso es lo que está pretendiendo devolverles López Obrador a cambio de la votación masiva del gremio, que recibió el 1 de julio pasado. Su cara de satisfacción habló por él, la frase fue contundente: “Compromiso cumplido”.
En la exposición de motivos de la iniciativa en comento, no tienen empacho en señalar que el uso de la imposición y la fuerza no son el medio idóneo para llegar a “la construcción de los grandes acuerdos que necesita el País para lograr la verdadera transformación del sector educativo”. Desmiento esto, no se utilizaron ni la fuerza ni la imposición, faltaba más, yo no conozco de oídas el trabajo que se hizo para darle curso a la reforma, fue el diálogo con maestros, con padres de familia, con organizaciones civiles interesadas en el tema, quienes intervinieron para cristalizarla.
Ni siquiera fue una iniciativa de mi grupo parlamentario, no obstante, se necesitaba ser mezquino para desecharla. Lo que privilegiamos al aprobarla, fue y sigue siendo, el bien superior de los niños; lo que protegimos fue su derecho a recibir una educación de calidad. Y no recibí ningún bono por haberla votado a favor.
La reforma no fue implementada por el Gobierno federal como debió de haber sido. Se lo dije con claridad al secretario de Educación en su comparecencia ante la Comisión Permanente, de la que yo era integrante. Escatimaron recursos, los distribuyeron como convino a sus intereses y a sus acuerdos en lo oscuro.
En el Legislativo votamos una reforma para que la educación que se impartiera fuera de excelencia, pero los recursos materiales que se requerían no llegaron para que así sucediera, y no obstante, hay maestros que a pesar de esta desvergüenza, han trabajado con alma y vida...
¿Sabe por qué? Porque son los que tienen vocación y compromiso auténtico con su ministerio. Pero de este aspecto no habla el mesías de Macuspana, porque su ego gigantesco se lo impide. ¿Revisarla? Ni de broma, a destruirla, porque la única verdad es la suya.
Mis respetos a los maestros que han aprobado las evaluaciones y con ello han obtenido una plaza o una promoción, mi reconocimiento a quienes no les agravia un examen de oposición. Ustedes son muy peligrosos en una dictadura. En ese tipo de regímenes se premia a los sumisos, a los que se callan, a los que sólo siguen la procesión y vitorean al tlatoani. Mi reconocimiento a su valentía.
Un México de excluidos por pensar diferente no le sirve a nadie, ni a usted, presidente López. No hay organización que resista la división entre buenos y malos, partiendo de que los buenos son los que piensan como usted y malos cuantos discrepen de su visión. El mundo no funciona así, y cuantos lo han intentado acaban siendo presas de su propio encono. México no necesita más fracturas.