Este 2019 se consolidaron en todo el País los sistemas locales anticorrupción. Por su parte, el Sistema Nacional –fundado en el 2016– hizo lo propio con José Octavio López Presa como presidente del Comité de Participación Ciudadana y cabeza del Comité Coordinador que integra a todas las instancias del Sistema.

Sin embargo, este año no fueron los sistemas sino el Ejecutivo federal quien acaparó en medios de comunicación el contenido relacionado con el combate a la corrupción. Como lo expresó desde la campaña electoral, el hoy Presidente continúa con una cruzada contra este fenómeno sin una política pública expresa o acompañada de organismos de la sociedad civil ni de autoridades locales para su análisis, investigación y cumplimiento.

Al Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila, a través de su Secretaría Ejecutiva, le fueron asignados en 2018 poco más de 35 millones de pesos y en el 2019 fueron 28 millones, según datos de la página del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila (SEA). Otras instancias estatales con presupuestos similares al del SEA fueron el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres (CJEM) con 32 millones; mientras la Procuraduría para los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) recibieron 38 millones de pesos cada una.

¿Cuál es el objetivo del Sistema y cómo se justifica tal erogación en gastos por parte del Gobierno estatal en Coahuila?

Según datos del Inegi, la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2017, la percepción de la corrupción en nuestra entidad superó a la percepción a nivel nacional por más de cinco puntos porcentuales. Es decir, en Coahuila la ciudadanía percibe altos índices de corrupción en las acciones de Gobierno. De igual forma, la misma encuesta señala que para los coahuilenses el tema de mayor preocupación en el 2017 fue la corrupción, por encima de la seguridad o el bienestar social.

El Sistema Anticorrupción, las leyes federales y locales que lo habilitaron fueron diseñados para vincular estas percepciones con soluciones institucionales para impulsar el desarrollo de mejores prácticas en el ejercicio de todos los niveles de Gobierno. Sin embargo, los sistemas no han entregado, tras estos años de funcionamiento, resultados específicos que legitimen su conformación y el gasto ejercido para la coordinación de sus instancias.

En el corazón de los Sistemas Anticorrupción puede estar una respuesta a las dudas sobre su efectividad: ¿están realmente operando de manera articulada las instancias?, ¿la participación ciudadana es sustantiva o simulada?, ¿cómo podemos medir la eficacia del SEA en Coahuila si la evaluación de sus programas se proponen desde la propia Secretaría Ejecutiva?

Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana, ha dicho en diferentes foros que el único indicador veraz para medir a los sistemas debería ser la cantidad de redes de corrupción que cada uno haya desarticulado. Si entendemos que la corrupción se posibilita y ejecuta gracias a redes de complicidad y beneficiarios, deberemos también acordar que para combatirla no serán suficientes decretos ni modificaciones legales al marco jurídico. Ni siquiera aumentos en las partidas presupuestales destinadas a su combate.

Como ciudadanos y miembros de organizaciones de la sociedad civil, debemos comprender y asumir la responsabilidad que compartimos en la lucha por disminuir los altos índices de corrupción en nuestro estado. Reconozcamos primero que se ignoran las leyes, las funciones y obligaciones, tanto de la ciudadanía como de los funcionarios, y es un síntoma de un desinterés histórico por participar en asuntos públicos, al margen de la militancia partidista o el ejercicio del voto cada que somos convocados.

Formemos redes de ciudadanos con otros ciudadanos, de asociaciones civiles con medios de comunicación, de universidades con instituciones públicas. Construyamos ciudades y estados donde la comunicación de asuntos públicos se desarrolle en espacios plurales, abiertos, 100 por ciento democráticos. Acompañémoslo también de buenas prácticas que algunos funcionarios e instituciones públicas ya han desarrollado. Esta lucha debe ser trasversal a todos los ámbitos en los que nos desarrollamos, desde una perspectiva de diálogo, denuncia y propuestas concretas para la solución de cada problema específico de los cientos que enmarcan a la compleja corrupción.

 

@patavargas

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