Estamos ante el reto de asumir los costos, no sólo para mitigar sino para prevenir y cambiar la perspectiva de una economía cerrada a una circular y verdaderamente sustentable.

Todas las actividades económicas, productos y servicios que se producen en un país durante un año, se suman en términos monetarios y conforman el Producto Interno Bruto. Si comparamos su variación de un periodo a otro, obtenemos la tasa de crecimiento.

Podemos ver que este indicador es sumamente importante para medir la riqueza de un país, su capacidad de producir y por tanto, de crecer. Sin embargo, esta medición pasa por alto la pérdida de patrimonio natural, es decir el agotamiento de los recursos naturales y la degradación del ambiente después de producir esos bienes y servicios.

Para cuantificar esta pérdida el INEGI realiza las Cuentas Económicas y Ecológicas de México y en días pasados presentó sus resultados más recientes, dio a conocer el Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente, a través del cual es posible identificar el impacto ambiental del quehacer económico en México durante el 2018. Al PIB le deduce dos tipos de costos: el consumo de capital fijo y los costos imputados por los usos ambientales, causados por el agotamiento de los recursos naturales y por la degradación ambiental.

Esto expresa el costo económico que se tendría que asumir por los daños ambientales, que en nuestro país en 2018 ese costo fue de 1,019,751 millones de pesos, equivalente al 4.3 por ciento del PIB a precios de mercado. Esto refleja los gastos en los que tendría que incurrir la sociedad para prevenir o remediar la disminución y pérdida de recursos naturales, así como el deterioro del medio ambiente.

La contaminación atmosférica representó el mayor costo ambiental en 2018, al ubicarse en 656 mil 779 millones de pesos, le siguieron los costos por degradación del suelo 119 mil 734 millones, residuos sólidos 75 mil 821 millones, agotamiento de hidrocarburos con 71 mil 937 millones, la contaminación del agua 42 mil 750 millones, agotamiento del agua subterránea 41 mil 050 millones, y por último los costos del agotamiento de recursos forestales con 11 mil 680 millones de pesos.

Los gastos en protección ambiental realizados por el sector público en su conjunto y por los hogares se situaron en 2018 en un nivel de 123mil 951 millones de pesos, que representó el 0.6 por ciento del PIB a precios básicos. Una gran diferencia entre lo que “deberíamos” gastar para cubrir el daño que causamos.

Al desagregar los gastos según su clasificación funcional por actividades de protección ambiental, se asignaron principalmente en actividades de protección del aire-ambiente y clima, en la gestión de aguas residuales, y en la investigación y desarrollo.
Estas cifras nos permiten visualizar lo mucho que falta por hacer, estamos ante el reto de asumir los costos, no sólo para mitigar sino para prevenir y cambiar la perspectiva de una economìa cerrada a una circular y verdaderamente sustentable. 

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