El despilfarro de la vanidad

En 27 años, entre 1990 y el 2016, los Gobiernos del estado de Coahuila de Zaragoza han dilapidado 10 mil 241.1 millones de pesos en el pago de “Servicios de comunicación social y publicidad”. La administración estatal más gastalona ha sido la del Gobernador saliente, Rubén Moreira, la cual se chutó la friolera de 4 mil 578.8 millones de pesos, es decir, un promedio de 763.1 millones de pesos por año. El segundo sitio en este “palmarés” también quedó en familia, pues durante los años en que su hermano Humberto partía el queso en el estado, se gastaron 2 mil 822.5 millones de pesos (470.4 millones de pesos cada año). Solamente por este rubro, la docena trágica le costó al erario 7 mil 401.3 millones de pesos. Cabe señalar que se trata de valores constantes a precios del 2016, de manera que las cifras son comparables y a valores recientes, de forma que podamos apreciar la dimensión del descalabro.

Y las cifras nos muestran que vamos de mal en peor, pues de sexenio en sexenio la locura del desperdicio crece exponencialmente: Rogelio Montemayor gastó un 16 por ciento más que Eliseo Mendoza, en tanto Enrique Martínez casi triplicó el dispendio. Pero los que de plano se volaron la barda fueron los hermanitos Moreira: el primero disipó cinco veces más que Eliseo, y su hermano Rubén replicó el milagro evangélico de la multiplicación de los pesos: por cada Morelos derrochado en “imagen” durante los tiempos de Eliseo, Rubén Ignacio se prodigó y lo convirtió en ocho pesos con 13 centavos. Y esto ocurrió con finanzas estatales agobiadas por la deuda pública más elevada de la historia de Coahuila.

Pero también en el bulevar Francisco Coss hace aire, pues en 17 años (entre el año 2000 y el 2016), las administraciones municipales han botado por la borda 829.3 millones de pesos. En estos lares, el campeón de la vanidad resultó ser un panista: el millonario “alcalde chido” de Saltillo, Isidro López, quién con la mano en la cintura arrojó al incinerador mediático 260.2 millones de pesos. Aquí el menos gastalón resultó Humberto Moreira, con 94.9 millones, pero como ya vimos, se desquitó durante su gestión como gobernador. Óscar Pimentel gastó un 14 por ciento más cada año, en tanto el “diablito” quemó en sus infiernos un 29 por ciento más que el bailarín. Jericó multiplicó el desperdicio por un factor de 1.6 y el “Alcalde chido” lo acrecentó por 2.06. 

Y lo mismo ocurre en el ámbito federal, en donde Enrique Peña Nieto arroja a la caldera de los medios 24 millones de pesos de harina. En la gráfica adjunta se compara el índice del producto interno bruto (PIB) de las actividades económicas con el promedio: sólo los servicios financieros alcanzaron un múltiplo mayor (3.2 en México y 2.9 en Coahuila) que el correspondiente al sector denominado “medios masivos de comunicación” (2.2 en el caso de Coahuila y México, lo que quiere decir que este sector creció 120 por ciento más que el promedio del PIB nacional y estatal). Así pues, la bonanza de este sector va de la mano del derroche de recursos públicos de todos los ámbitos y poderes del Estado Mexicano en el famoso pago por servicios de comunicación social y publicidad: “Lo bueno casi no se cuenta…, pero cuenta mucho”. Esto es una auténtica tragedia en un País en el cual el 52 por ciento de la población tiene pobreza de ingreso, que tiene enormes rezagos en bienes y servicios públicos, en infraestructura productiva y que enfrenta una coyuntura económica y política tan delicada.

Por lo anterior resulta muy positiva la resolución de la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la cual ordena al Congreso emitir una ley que regule la publicidad oficial antes del 30 de abril de 2018. Aún más promisorio resulta el hecho de que esta resolución fue producto un recurso de amparo promovido por la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19. 

Los ciudadanos debemos estar muy atentos al seguimiento de este asunto en las Cámaras Legislativas.

   
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