Uno de los antecedentes más importantes de acuerdos migratorios entre Estados Unidos y México se llevó a cabo en 1942, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, con el conocido Programa Bracero, cuyo objetivo era enviar en forma regular a personas trabajadoras agrícolas para reforzar al sector primario de la Unión Americana, y que se extendió a los servicios ferroviarios, pero que lamentablemente se vio manchado por violaciones a los derechos humanos de nuestros connacionales bajo malas condiciones laborales, de vivienda, etcétera.

Pese a que el Programa Bracero demostró la importancia que tienen las personas migrantes en el mercado laboral estadounidense, ésta no ha sido reconocida a cabalidad por la política migratoria de ese país, que mantiene en la ilegalidad a quienes inmigran de manera irregular. Esto ha generado que desde la cancelación del programa, en 1962, la política migratoria enfrente distintas complejidades, dependiendo de la posición que los mandatarios de cada país han asumido respecto al tema, y siendo los últimos cinco años una de las etapas más complejas en materia de cooperación migratoria entre ambas naciones.

Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia de México, la postura del Gobierno Federal en torno a la migración internacional dio un giro importante hacia el humanismo y la fraternidad. Por eso, a través de un programa coordinado con los países centroamericanos, el Estado mexicano se ha enfocado en la cooperación regional para atender las causas raíz: pobreza y violencia, mayoritariamente.

Esta visión parece coincidir con el entendimiento que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene sobre el fenómeno migratorio. Al mismo tiempo, este cambio de paradigma se convirtió en una gran esperanza para las personas que intentan llegar a Estados Unidos, ya sea para encontrarse con su familia, huir de la violencia local o para buscar mejores oportunidades de desarrollo, lo cual produjo una nueva ola migratoria que está poniendo a prueba la actual visión de la Unión Americana en la materia. Ante la complejidad del problema y las presiones políticas al interior, el presidente Biden declaró su intención de que las familias que sean expulsadas de EU se queden en México, lo cual de facto nos convertiría en un tercer país seguro, a lo que en el Senado de la República nos opusimos categóricamente desde junio de 2019, cuando el presidente Trump planteó esa misma opción.
El rechazo de constituirnos en tercer país seguro se sustenta en la equidad que debe regir en los acuerdos multinacionales, y en la consideración del riesgo que implica para las personas migrantes ser regresadas a los contextos de violencia de los que pretenden escapar. Es notorio que la visión de ambos gobiernos coincide en la necesidad de volver a otorgar al fenómeno migratorio un enfoque de derechos humanos y de humanismo, pero es también evidente que la gran complejidad propia de la migración internacional puede llevar a tomar decisiones que se deben evitar.

Sin duda nos encontramos ante uno de los fenómenos más complicados que debemos enfrentar de manera multilateral en la región, sin embargo, contamos con principios rectores que pueden delimitar los esfuerzos que las naciones americanas tenemos por delante a corto, mediano y largo plazos. Mientras tanto, la posición de la mayoría en el Senado de la República sigue y seguirá siendo la misma: promover el respeto a los derechos humanos de todas y todos los migrantes, así como el respeto de cada nación para hacer valer su soberanía.

@RicardoMonrealA
Ricardo Monreal
Opinión Invitada