El pasado 30 de noviembre, sábado, el gobernador Miguel Riquelme presentó al Congreso su II informe anual “sobre el estado general que guarda la administración pública estatal”. Cuando leía su mensaje, más o menos en la parte en que dijo a la representación popular que atrás habían quedado los años de generalizada violencia vividos en el estado, que Coahuila está en paz y ahora su población se siente segura y tranquila, justo en ese momento daba inicio la sangrienta balacera registrada en Villa Unión, con saldo de al menos 25 muertos.

Pudo haberse tratado de una mera coincidencia, o bien que –por ignoradas razones– la delincuencia organizada haya escogido precisamente esa fecha, pero no deja de ser significativo que tales acontecimientos hayan tenido lugar justo el día del informe del gobernador.

En realidad el informe fue entregado al Congreso cuatro días antes por el secretario de Gobierno. Se trata de un documento relativamente extenso contenido en dos tomos. El primero, de 415 páginas, incluye abundante texto, numerosas fotografías y no pocos cuadros con series estadísticas. Su estilo es básicamente del conocido como “rollo”, es decir, predominantemente de palabrería y lugares comunes. Aunque ciertamente incluye también información que ha de tenerse presente y a la mano, en particular para cuando se opine o se emitan juicios sobre el actual Gobierno estatal, seguramente el último priista en la historia de Coahuila.

El otro tomo, de 241 páginas, denominado “Anexo de Indicadores”, requiere mayor comentario. Aunque su contenido es demasiado técnico, sin embargo es necesario referirse a él.

Se entiende por indicador el registro numérico que se lleva, a través del tiempo, de algún determinado aspecto, tema o asunto relevante de la vida social frecuentemente en relación con otra variable asimismo importante, con el objeto de ir llevando la medición de su comportamiento y qué tan lejos o cerca se está de alcanzar la meta que al respecto se le haya fijado. Ejemplos de indicadores: “Número de policías por cada mil habitantes”, y “Homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes”.

El año pasado, en el I informe de gobierno, el Anexo incluyó 90 indicadores. Mismo número de los contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2023 (PED). Y ahora, en el II informe, su número aumentó a 111 indicadores. Escribe el gobernador, en la nota preliminar del tomo en cuestión, que su incremento derivó de la “presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024” (PND), lo cual originó que el PED “fuera actualizado, (y que) entre otros cambios realizados integramos 21 nuevos indicadores al Sistema para sumar 111 en total”.

No es cierto, no se integraron 21 nuevos indicadores sino 23. Lo que sucedió fue que sin mayor explicación, simultáneamente, se dieron de baja dos indicadores anteriores cuya eliminación no se ve que tenga absolutamente nada que ver con la expedición del PND. Esos dos indicadores cancelados fueron: “Índice de transparencia y disponibilidad de información fiscal” y “Porcentaje de residuos sólidos urbanos dispuestos en rellenos sanitarios”.

En lo sucesivo ya no conoceremos más el comportamiento de ese par de indicadores que, como se podrá ver por su sólo enunciado, sí son importantes.

Algo notorio en el Anexo de Indicadores de este II Informe es que se les suprime la meta a alcanzar en cada uno de ellos hacia el año 2023, último del actual Gobierno estatal. Ahora ya no se tendrá esta referencia para saber si se va bien, o no, en la correspondiente gestión gubernamental de que se trate y qué tanto falta para llegar a las metas establecidas en el PED.

Aunque parezca increíble, de los 111 indicadores que ahora se llevan, en 17 de éstos, es decir, en el 15.3 por ciento del total, la información del Anexo del II Informe es exactamente la misma de la del Anexo del I Informe, el del año anterior. No se obtuvo o no se quiso actualizar, como debió ser, la información correspondiente.

Peor aún, la información de 14 indicadores es bastante atrasada. Es el caso de los indicadores identificados con los números 110 y 111, cuyos datos corresponden al año 2012; los del indicador número 36 al año 2014; los de los números 42, 58, 66 y 67 al año 2015; los de los números 48 y 68 al año 2016, y los datos de los números 1, 11, 12, 13 y 14 al año 2017. Hasta aquí, el actual Gobernador ni siquiera había tomado posesión del cargo. Por ello resulta francamente ridículo que se esté autoevaluando por lo realizado en años previos a los de su llegada a la gubernatura. Pero así se las gastan.

Finalmente, en tres indicadores (los números 17, 19 y 21) la información que contiene, tanto en el Anexo del I como del II Informe, es exactamente la misma y corresponde al año 2018. En resumen, un verdadero batidillo y desgarriate.

(Por razones de espacio y para no saturar al lector, no se cita la denominación de los indicadores que arriba se mencionan, pero sí sus respectivos números para efectos de identificación).

Por último, procede mencionar al menos tres de los indicadores que en el último año han reflejado una caída con respecto al anterior: 1. “Ingresos totales per cápita” (ingresos propios del estado entre el número de habitantes) bajó de 2 mil 413 pesos en 2017 a 2 mil 111 pesos en 2018.

2. “Esfuerzo recaudatorio estatal” (contribuciones estatales como porcentaje de las participaciones estatales), cayó del 39.4 a 33.84 por ciento de 2017 a 2018, y 3. La “eficiencia en recaudación” bajó de 41.94 pesos en 2017 a 37.12 en 2018. Su meta en 2023 se había establecido en 65 pesos.

@jagarciavilla
Juan Antonio García Villa
Desde el Congreso