El diputado Armando Luna Canales está en medio de una tempestad, la misma que han levantado los activistas de Derechos Humanos porque la Comisión respectiva, en la Cámara de Diputados, presidida por el coahuilense calificado de “Intachable”, acaba de aprobar la semana pasada la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional, mismo que se refiere al “estado de sitio”, lo que prácticamente es un estado de guerra donde las garantías constitucionales quedan suspendidas y las fuerzas armadas adquieren amplias facultades para ejercer la represión.

Suspender derechos y garantías en caso de una perturbación grave de la paz pública o de otra situación que ponga en grave riesgo a la sociedad, es un hecho que no hemos visto llegar a las calles de México. Lo que sí es cierto es que el estado de sitio nos lo han impuesto de facto los criminales que han convertido diferentes regiones de este País en un Estado fallido, desde que Felipe Calderón, sin previsión alguna, declaró el estado de guerra.

También es cierto que grupos de la burocracia sindicalizada, como es el caso de la CNTE, nos han impuesto la suspensión de garantías mediante la toma de calles, plazas públicas, carreteras y el secuestro de autoridades legalmente establecidas que, por el gran temor a violar sus “derechos humanos”, se han visto imposibilitadas de actuar.

Obvio es que para un presidente de una comisión legislativa de Derechos Humanos, como es el caso del “Intachable”, no es políticamente correcto que apruebe un reglamento sobre el establecimiento del toque de queda, tan necesario en un país tan convulso, anárquico y violento como lo es México.

Y es que la izquierda rapaz y farsante, como es actualmente la pseudo izquierda “doble T” (la de Telma y Trini), se ha rasgado ya las vestiduras aduciendo que la nueva reglamentación le dará facultades al Presidente para suspender garantías constitucionales como la de libre reunión, manifestación y tránsito, derechos de los que han abusado hasta el hartazgo los de la CNTE, la APPO, el SME y los normalistas rurales para presionar al Estado en asuntos muy particulares, exceptuando Ayotzinapa, crimen de lesa humanidad cometido por los “Chuchos” perredistas, tribu a la que pertenece la “izquierda doble T”.

Cierto es que fue una estupidez, el que Felipe Calderón haya declarado una guerra a la delincuencia organizada con el marco legal existente para combatir los delitos comunes; una acción ingenua y muy irresponsable que sumió al País en un baño de sangre nunca visto en la historia de México. Y en esa borrachera del “haiga sido como haiga sido”, Calderón siempre será recordado sobre un podio hecho de calaveras, nunca por el buen Gobierno que haya realizado, mismo que ahora quiere continuar a través de Margarita.

Y es que ante el explícito terror que nos ha impuesto el crimen organizado, no queda otro camino que endurecer el carácter represivo del Estado, con otros métodos más efectivos de investigación, detención y de interrogación; dotar a las Fuerzas Armadas de un marco jurídico al límite de la ley, como lo han hecho algunas naciones europeas para combatir el terrorismo.

Ante esa ferocidad sanguinaria de la delincuencia desbordada, no queda otro camino que la fría crueldad de las razones de Estado, como el reglamento que acaba de aprobar el “Intachable” en la Cámara de Diputados, aunque los santones de los Derechos Humanos se rasguen las vestiduras.