El interlocutor que falta

En junio del año 2016 inició el cambio más importante en materia de administración de justicia que ha visto nuestro País. El nuevo Sistema Penal Acusatorio adversarial materializó una serie de reformas legales impostergables: pleno respeto de los derechos humanos, situación de la víctima en el centro del debate procesal y mejora en la transparencia judicial. Hoy, sin embargo, estos avances están en peligro.

Es cierto que los cambios introducidos no están libres de errores propios de un sistema de justicia que requerirá varias generaciones para consolidarse: los medios de soluciones alternas no han tenido el protagonismo necesario, el personal especializado es insuficiente, y en ocasiones las normas que lo regulan son omisas o contradictorias.

Aprovechando estas circunstancias, se ha impulsado por diversos actores públicos una contrarreforma que buscar socavar las garantías que dicho sistema otorga a los procesados. Bajo el argumento de que este sistema contiene un supuesto hipergarantismo, y atribuyéndole a sus reglas el aumento de las tasas delictivas, se busca retroceder a las prácticas superadas.

Esos temores son errados: la escalada de violencia no se le puede atribuir al nuevo sistema. Según el estudio recién publicado “Sistema Acusatorio y Violencia: Lo que Dicen los Datos”, del colectivo Data4, “la tendencia al alta (de los delitos) precede su implementación por casi dos años; de hecho, un mes antes de su entrada en vigor en junio del año pasado, ya teníamos niveles de homicidios similares a los de finales de 2012”.

El compromiso está en otra esquina: el uso de prácticas del sistema anterior, la deficiente capacitación y la falta de tecnología demuestran que lo indispensable es voluntad. Valgan algunos datos de la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial Federal: siete de cada diez investigaciones quedan sin resolución; sólo en el 0.6 por ciento de los casos se usan medios alternos; y apenas 15 por ciento de las detenciones se deben a una investigación.

Pese a que los datos alejan objetivamente de este Sistema los males atribuidos, las regresiones buscadas son un peligro latente, en parte por el desconocimiento de los no expertos de las ventajas de dicho Sistema: según la Encuesta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal del año 2012, para el ciudadano común del País “es poco conocido” el Sistema mencionado; lo que se atribuye a que se omitió su “difusión correcta por parte del Gobierno”.

No es difícil identificar las omisiones que han llevado a la falta de involucración de la ciudadanía en este importante cambio: en la implementación del nuevo sistema de justicia se ha ignorado a tan importante actor. El desconocimiento de los cambios implementados demuestra lo grave de dicha omisión.

El debate que se avecina sobre la administración de justicia que queremos representa una oportunidad para reivindicar a la sociedad civil en el papel que le fue negado inicialmente en el nuevo Sistema. Para que esta discusión nacional no se convierta en un dialogo de sordos, la conversación debe incluir al interlocutor que será el destinatario último de los éxitos y fracasos de esta forma de procurar justicia por consolidar: el ciudadano.

@jfreyes
Juan Francisco Reyes
Investigador de la Academia 
Interamericana de Derechos Humanos
 
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