Convocaron tarde, en fin de semana largo y con cupo restringido. Y aun así, el sábado pasado se realizó uno de los muchos foros de consulta que habrán de articular el Plan Nacional de Desarrollo. Arremolinados en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, organizaciones sociales, académicos y ciudadanos de a pie, asistimos al ritual sexenal de la planeación democrática.

Los pilares anunciados así como los ejes transversales, dibujan lo que será el foco de esta administración. A decir de Carlos Urzúa, la Justicia y el Estado de derecho, el bienestar y el desarrollo económico, se diseñarán priorizando la inclusión, la igualdad y el desarrollo sostenible. Todo esto, bajo la promesa de contar con mecanismos de mejora de la gestión pública y el combate a la corrupción.

Articular de manera exitosa este proyecto de país, no es tarea fácil. Varias barreras saltan a la vista. En primer término, históricamente ni la normatividad en materia de planeación ni el propio Plan Nacional de Desarrollo, permiten que los compromisos anunciados sean exigibles por la ciudadanía. Sabemos que con mayor o menor resistencia, los planes determinan objetivos, presupuestos y líneas de acción para todo el territorio nacional. Eventualmente estos generan resultados pero estos escasamente se comunican ni mucho menos explican a la ciudadanía.

La información sobre los procesos de planeación y ejecución es asimétrica. No existe hasta ahora una política de información que logre democratizar los datos. Agregar esta dimensión a la estrategia de gobierno no solo implica elevar el nivel de exigencia sino también abre la administración pública al escrutinio ciudadano.

En segundo lugar, pocas veces los instrumentos de medición utilizados sirven para priorizar, corregir o transparentar decisiones. Casi todos los programas cuentan con mediciones pero estas suelen estar orientadas a resaltar los éxitos de una administración. Se piensa en la medición antes de terminar la planeación. Por ello, pocas veces sirven de manera estratégica para corregir, reforzar reconducir presupuestos o eliminar acciones de gobierno.

Esto nos lleva al tercer punto. La planeación suele ser utilizada como un insumo para la operación de gobierno y no como un instrumento de rendición de cuentas. Si comparáramos el proceso de planeación con el de un partido de béisbol diríamos que no se trata solamente de batear o de dejar pasar la pelota sino de efectivamente anotar carreras a la vista de todos. Pensar la planeación más allá del trámite requiere de un equipo bien coordinado en donde se definan con claridad las prioridades pero también las responsabilidades. A partir de ahí se puede determinar quién será el lanzador, quiénes habrán de colocarse en cada una de las bases, quién será el bateador estrella de la administración, quiénes habrán de fungir de jardineros y en dado caso quién será el bateador emergente. Matar al neoliberalismo por decreto no será suficiente para que esta administración anote resultados. Pero si se articula el destino del presupuesto con la planeación, la gestión pública, la ejecución, los resultados esperados, la evaluación y se piensa en la rendición de cuentas como un proceso permanente tal vez se anoten algunos jonrones.