Múltiples voces advirtieron en su momento que cancelar el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México constituía una mala idea. Y las razones para afirmar lo anterior eran -y son- múltiples: una de ellas, el alto costo financiero que el Gobierno de la República tendría que afrontar.

Las advertencias no solamente fueron desoídas sino soslayadas. El equipo económico de Andrés Manuel López Obrador, o calculó mal el impacto económico, o no informó adecuadamente al titular del Ejecutivo, o fue ignorado igual que quienes, desde fuera de la nueva administración, hicieron repetidamente el señalamiento.

La primera decisión “obligada” que debió tomarse desde el despacho del Ejecutivo, en relación con el polémico proyecto, fue dar vuelta en redondo en relación con una promesa que se reiteró en los discursos pronunciados por el Presidente el día de su toma de protesta: las obras del aeropuerto continuarían hasta “llegar a un acuerdo” con los tenedores de los bonos que se emitieron para conseguir el dinero que financia la construcción.

Y “llegar a un acuerdo” significa sólo una cosa: impedir que México -el Gobierno de la República, para ser precisos- sea demandado en una corte de Nueva York, debido a que los bonos se colocaron en el mercado estadounidense a través de su sistema bursátil.

La segunda decisión obligada que se tomó fue anunciar una “recompra” de bonos por 1 mil 800 millones de dólares, alrededor de una cuarta parte del valor total de los papeles colocados en el mercado financiero. Tal acción tenía el propósito de “tranquilizar a los mercados”.

Ayer, sin embargo, los tenedores de bonos dijeron no a la propuesta de recompra. Una de las razones expuestas de forma pública es que no se les consultó respecto de la medida, que ha sido ya calificada de “oportunista” por la calificadora Standard & Poor’s.

La razón más importante, sin embargo, acaso sea la certeza que los poseedores de los bonos tienen de que ellos sostienen el mango del sartén y que, al menos por ahora, la expectativa de ganancias es mayor que el riesgo de pérdidas y por ello les conviene más quedarse con sus bonos.

El problema para el nuevo Gobierno es que, mientras prevalezca la situación actual no podrá suspender las obras del aeropuerto, pues en el momento en que tal decisión se tome aparecerá la demanda civil en los Estados Unidos y ello implicará el inicio de un proceso legal que no solamente acarrearía consecuencias en relación con el proyecto del NAIM, sino que generaría una onda expansiva llevando los estragos a otras áreas de la economía.

Se trata, a no dudarlo, de un tropiezo importante que coloca a la administración del presidente López Obrador ante un dilema complejo: incumplir una promesa que le hizo a su clientela electoral, o mantener su palabra pese a las consecuencias.

La primera opción, que pudo tomar hace meses, tiene sólo costos políticos, es decir, costos casi personales; la segunda podría tener repercusiones que nos afectarían a todos.

La respuesta parece bastante simple. Pero ciertamente no lo es para alguien que pretende hacer política de una forma disruptiva.