No hace falta ir demasiado lejos para entender las razones por las cuales un individuo como Juan Manuel “El Mono” Muñoz habría obtenido —en su momento— millonarios contratos por parte de la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social o el Gobierno de Coahuila: la respuesta se ubica en la cultura de corrupción e impunidad que caracteriza la sociedad en la cual vivimos.

Se podrá alegar desde ahora que en el momento en el cual se llevaron a cabo los contratos no se conocía la inclinación presuntamente delictiva de quien hoy se encuentra preso en España, acusado de múltiples delitos relacionados con el crimen organizado.

E incluso habiéndose ventilado ya la investigación que la Procuraduría General de la República inició en su contra, podría argumentarse la obligación de someterse al principio de presunción de inocencia como razón suficiente para no haber discriminado a las empresa de Muñoz.

Sin embargo, tal como parecen revelar los datos iniciales de la investigación presuntamente iniciada en torno a los contratos que la delegación del IMSS otorgó a las empresa de “El Mono”, parece existir evidencia en el sentido de que a estos se les encontró alguna “excepción” para otorgarlos por medio de la adjudicación directa.

Sin pretender establecer de antemano una hipótesis como explicación, resulta difícil pensar en un argumento según el cual —en los términos de la ley— una entidad pública se vea obligada a la adjudicación directa de un contrato para la adquisición de combustible.

Y en el caso de los contratos adjudicados por la administración de Humberto Moreira Valdés puede decirse lo mismo: a menos que se tratara de servicios de carácter excepcional, de imprevisible adquisición, o de los cuales fuera el único proveedor, las compras realizadas a “El Mono” deben ser vistas en principio como sospechosas.

Todo esto, vale decir, sin considerar aún que los contratos pudieron ser adjudicados —en uno y otro lados— justamente por el hecho de que Muñoz fuera —como se sospecha— un individuos dedicado a actividades delictivas.

En otras palabras, la explicación de tales contratos podría estar —como lo están muchas cosas ocurridas en la administración anterior— en la claudicación, por omisión o por convicción, por parte de nuestros funcionarios públicos en el cumplimiento de sus funciones.

Porque, como en otros muchos aspectos del servicio público, en el área de adquisiciones existe una extendida cultura de lucro que vuelve, a quienes se encuentran a cargo de ellas, extremadamente permeables a la corrupción y susceptibles de “caer en tentaciones” relacionadas con la ambición económica.

Habrá que esperar, por supuesto, a la conclusión de las investigaciones. Pero nadie deberá sorprenderse si, al final, la explicación al “fenómeno” es tan simple como que se trata de otro ejemplo de corrupción.