Hasta hace algunos ayeres, una actividad relativamente segura para resolver el futuro, principalmente económico del interesado, era ingresar a la actividad política. Un buen “padrino” o una trayectoria “impecable” eran garantía de prosperidad económica, reconocimiento social y seguridad “jurídica”.

Este panorama cambió, podría decirse, drásticamente, algunos años atrás.

Hoy quizá podría designarse a la actividad política como una actividad de alto riesgo. Son cada vez más constantes los casos de personajes políticos relevantes que, sin distingo de partido, caen en desgracia y son procesados -o buscados por la justicia-, si es que se encuentran escondidos.

Incluso, en temas mucho más delicados, la propia actividad ha dejado de ser un “escudo” frente a la inseguridad y los ataques físicos directos contra la elite política va cobrando cada vez más frecuencia.

En el pasado reciente, era más bien anormal que un político cayera en desgracia. Que fuera sujeto de algún proceso penal y, mucho menos, que sufriera algún tipo de agresión física. Cualquiera de estas situaciones cobraban especial relevancia mediática precisamente por lo raro del caso.

Sin embargo, de un tiempo a la fecha -como dice la canción- esto ha cambiado. Cada vez es más frecuente que surjan casos de personajes con actividad política que son víctimas directas de atentados violentos o sujetos a procesos judiciales.

Casos como el de los exgobernadores priistas Mario Villanueva Madrid, de Quintana Roo; Andrés Granier, de Tabasco; Jesús Reyna, de Michoacán, Flavino Ríos, de Veracruz; Tomás Yarrington, de Tamaulipas; César Duarte, de Chihuahua; Roberto Borge, de Quintana Roo y Javier Duarte, de Veracruz; de los panistas Guillermo Padrés, de Sonora, Luis Armando Reynoso, de Aguascalientes, por citar solo algunos de los casos más recientes, dan cuenta del abultamiento de la lista -solo de gobernadores- que tienen cuentas pendientes con la justicia.

En los últimos meses, casos como el de Rosario Robles e incluso, esta misma semana, la noticia de la detención de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, confirman está hipótesis respecto de lo riesgoso -desde el punto de vista legal- que la actividad se ha convertido.

Si esto es así, ¿por qué sigue siendo tan atractiva y tan “deseable”, para un importante segmento de la población, esta actividad. ¿Por qué aspirar a un cargo o a una responsabilidad que, de acuerdo a los datos, es cada vez más vigilado, riesgoso en todos sentidos y, muy recientemente, con sueldos que pudieran considerarse “bajos”?

¿Seguirá acaso teniendo vigencia aquella famosa sentencia atribuida al l profesor Carlos Hank González que afirmaba que un “político pobre es un pobre político”?

Habrá que analizar cuáles son las nuevas –si es que son nuevas– motivaciones que mueven a alguien a buscar pertenecer al otrora poderosísimo e intocable “grupo político”.