El olor de Baltazar

Si por palmarés y conexiones se decidiera la candidatura del PRI al gobierno de Tamaulipas, Baltazar Hinojosa sería el elegido. Treinta y cinco años de militancia acicalada en posiciones de poder le permitieron sobrevivir el naufragio de su compadre Tomás Yarrington, gobernador tamaulipeco en la primera década de este siglo, que cayó en el ostracismo tras ser acusado por Estados Unidos de ser parte orgánica del Cártel del Golfo, y cuya libertad sigue hoy en duda. Hinojosa superó esa amistad incómoda al construir otra que lo colocó una vez más en el trampolín, la de Luis Videgaray, el poderoso secretario de Hacienda del presidente Enrique Peña Nieto.

La relación entre los dos se consolidó en la LXI Legislatura, donde Baltazar fue secretario de la Comisión de Presupuesto, cuando el presidente era Videgaray. Al iniciar el sexenio, Videgaray y Enrique Martínez, exgobernador de Coahuila y secretario de Agricultura, lo impulsaron para dirigir ASERCA, la Agencia de Servicios de Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, ignorando su vínculo con Yarrington. No les preocupó entonces, ni les preocupa ahora. Hinojosa es el candidato más fuerte para la candidatura al gobierno de Tamaulipas el próximo año, pese a la controversia que lo persigue.

Por años ha vivido en medio de imputaciones sobre presuntos vínculos con la delincuencia organizada, derivadas de su relación con Yarrington, de quien fue secretario de Desarrollo Social y de Educación, y con Pablo Zárate, exdirector del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, prófugo de la justicia estadounidense, que lo busca por lavado de dinero y fraude bancario. Zárate no es el único ex funcionario de Yarrington perseguido por su presunta relación con el narcotráfico.
Las investigaciones sobre el exgobernador y sus colaboradores iniciaron en 2009, cuando la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada (SEIDO), abrió la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009. En esos años, la procuradora Marisela Morales, por instrucciones del presidente Felipe Calderón, estaba decidida a llevar a la cárcel a varios gobernadores priistas en los estados del Golfo de México. Uno de sus principales objetivos fue Eugenio Hernández, sucesor de Yarrington, que peleó contra la PGR hasta que en este gobierno fue exonerado.

Pero el caso de Yarrington, tuvo un diferente derrotero. La investigación se construyó y consolidó con la información de un testigo protegido de la PGR conocido como “Oscar”, quien detalló cómo funcionarios estatales y municipales en Tamaulipas recibían en forma regular dinero del Cártel del Golfo a cambio de protección. De acuerdo con “Oscar”, identificado años después como César Eduardo García, cercano colaborador del exjefe criminal, Osiel Cárdenas, el dinero lo entregaba Juan Carlos González, el expolicía ministerial en Matamoros y uno de los principales operadores de Eduardo Costilla, “El Coss”, jefe del Cártel del Golfo hasta su captura en 2012.

Las revelaciones de “Oscar” permitieron que la DEA acusara a los exfuncionarios tamaulipecos en una Corte texana, a donde la ex procuradora Morales, ante la imposibilidad de poder perseguirlos en México, llevó toda la documentación y la información que había recabado la PGR contra ellos. Morales, quien se conectó con el gobierno de Peña Nieto proporcionando expedientes a Videgaray cuando era el coordinador de la campaña presidencial del mexiquense —frenando las investigaciones en México, según funcionarios del gobierno de Calderón—, recibió como agradecimiento a su colaboración la protección del gobierno entrante el consulado general de Milán, donde actualmente vive con un bajo perfil. Congelada la investigación en México, continuó en Estados Unidos.

“Oscar” mencionó varios exfuncionarios y políticos tamaulipecos, entre los que se encontraba Hinojosa, al que señaló de haber recibido recursos del Cártel del Golfo y pactado para que le permitieran gobernar Matamoros entre 2005 y 2007. Según “Oscar”, el acuerdo se forjó mediante Zárate, a quien le asignó contratos de obra pública en ese municipio fronterizo, a través de compañías constructoras de su propiedad. Las imputaciones del testigo protegido en su contra fueron publicadas en la prensa mexicana a mediados de 2012, pero Hinojosa las rechazó.

Las investigaciones federales en Estados Unidos derivadas de las declaraciones de “Oscar”, sirvieron para fincar cargos a Yarrington y a Zárate, pero no probaron los vínculos criminales que presuponían con Hinojosa. No obstante, el caso contra un amplio número de políticos tamaulipecos en la Corte de San Antonio sigue abierto y aún quienes en México han librado sus problemas legales, no pueden decir lo mismo en Estados Unidos. Hinojosa es uno de ellos, indiciado por criminales a quien hasta ahora no le han demostrado nada.

Hinojosa es a quien quiere el secretario de Hacienda como candidato a la gubernatura, que será una posición que se decidirá en la ciudad de México, no en Ciudad Victoria. Como actual vice coordinador de Asuntos Económicos del PRI en la Cámara de Diputados —donde Videgaray lo hizo presidente de la Comisión de Presupuesto—, Hinojosa también tiene el respaldo del coordinador de la bancada priista, y exlíder nacional del partido, César Camacho. Está claro que tiene todo el apoyo necesario para ser candidato, pero harían bien él y quienes lo respaldan, que busquen garantías y limpien completamente su nombre de toda sospecha.

La puerta de ello no está en México sino en Estados Unidos. Confirmar que la justicia estadounidense no tiene nada en su contra y difundirlo, sería la forma que todos estuvieran seguros que no saldrá un fantasma tamaulipeco del clóset. Para Videgaray, sobretodo, sería una tranquilidad y daría certidumbre al Presidente y al PRI.

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