Foto: Sinembargo
Las entrañas del “monstruo” que deja Enrique Peña Nieto en materia de crisis humanitaria en el país, revelan que la magnitud de la tragedia es peor de lo que se imaginaban

La agenda de las víctimas en un país plagado de fosas clandestinas, desaparecidos y cadáveres sin identificar que se pierden en el mundo de la burocracia gubernamental y en la falta de protocolos, es para el próximo Gobierno una de las asignaturas más importantes por el impacto que tendrá lo que se haga en los mexicanos que salieron a votar por Andrés Manuel López Obrador y el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) el 1 de julio, reconoce en esta entrevista Alejandro Encinas Rodríguez, próximo Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación en la administración federal que iniciará a partir de diciembre.

Encinas Rodríguez acepta que no sólo se sacó “la rifa del tigre” con la posición que le encomendó el futuro Presidente de la República, sino que además tendrá que lidiar con “el tigre rabioso” de un país ensangrentando y adolorido por la crisis profunda de violación de derechos humanos que dejará la administración de Enrique Peña Nieto.

“El primer corte es que sabíamos que el país estaba mal, pero de verdad ahora que estamos conociendo las entrañas del monstruo, no teníamos ni idea de la dimensión tan grave que ha alcanzado esta situación. Nada más los datos son reveladores: cerca de 40 mil personas desaparecidas, 22 mil cuerpos sin identificar en todo el sistema forense del país, 250 mil mexicanos y mexicanas desplazados por la violencia, un gravísimo problema de violación a los derechos humanos de distintas instituciones públicas, no solamente de las autoridades policiacas, sino de las propias autoridades migratorias y en fin; vamos a tener que enfrentar retos muy grandes, donde hay una altísima expectativa de la población”, dice Alejandro Encinas.

El próximo Subsecretario de Derechos Humanos traerá como primera encomienda el caso Ayotzinapa y darle respuestas a los padres y madres de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014. También tendrá la agenda de todas las víctimas dolientes que ha dejado a su paso la violencia desbordada en el país.

 

Esas víctimas que le gritaron a López Obrador “ni perdón, ni olvido” en el Centro Cultural Universitario Tletelolco a principios de septiembre. Alejandro Encinas los sabe y lo asume, asegura.

“Lo primero es hacer valer todos los espacios institucionales que se han creado para atender esta situación tan difícil, desde instalar bien la Comisión Nacional de Búsqueda, que me estoy enterando que hoy después de muchos meses la están instalando a 50 días de que se vaya el actual Gobierno; más en el ánimo de decir que hicieron algo, aunque no han hecho prácticamente nada en materia de búsqueda porque no vasta la instalación del sistema nacional, sino que tienen que estar los protocolos y todos los instrumentos y recursos para hacerlo”, explica.

En el caso Ayotzinapa, dice Encinas, se abrirá el 27 Batallón con destacamento en Iguala, Guerrero, a la nueva Comisión de Justicia para la Memoria y la Verdad que se creará por decreto el 1 de diciembre, en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falle a favor de las controversias presentadas por el Gobierno federal en contra de la Comisión mandatada por el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en Ciudad Reynosa, Tamaulipas.

Los elementos del Ejército que estuvieron presentes aquella noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre deben dar cuenta de lo que lo que saben, como fue la demanda del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde que llegaron al país a formar parte de la investigación en marzo de 2015.

“Aquí no puede haber distinción alguna. La ley nos obliga a que todos los servidores públicos, independiente de la dependencia en la que participen, están obligados a cumplir la ley y en caso de violarla deben ser sancionados. No es una persecución a las fuerzas armadas, al contrario, se trata de que aquellos malos elementos que actuaron indebidamente no impliquen un costo en demérito de la institución militar”, afirma.