Hace más de 17 años el manejo del agua en Saltillo fue privatizado por el entonces alcalde Oscar Pimentel. El proceso de crear la empresa mixta Aguas de Saltillo se llevó a cabo en lo oscurito, como muchas de las iniciativas de los gobiernos en turno. Fue una decisión autoritaria, sin tomar en cuenta a la ciudadanía, como se pretende ahora llevar a cabo la construcción de una torre en la Plaza México y de un teleférico desde la Alameda a la plaza mencionada (esperemos no se realicen). Nada más absurdo, pero es un capricho de las autoridades estatales y municipales, que se asumen como emperadores, amos y señores, cuando se les olvida que son empleados del pueblo, y al pueblo se le sirve, no se sirve de él.

Cuando se creó la empresa mixta (AGSAL), uno de los argumentos esgrimidos por el alcalde Pimentel, fue que el agua en manos del gobierno municipal era un desastre, que servía como caja chica para el alcalde en turno,  que no se distribuía adecuadamente y que muchas colonias no contaban con el servicio. Con el apoyo del gobernador Enrique Martínez, se licitó la privatización del sistema. Se mencionó en los medios de comunicación que se invitaría a varias empresas trasnacionales a presentar propuestas; sin embargo solamente se recibió una: la de InterAgbar de México, filial de Aguas de Barcelona (AGBAR), cuyos representantes ya habían estado en Saltillo durante varios meses conociendo el manejo de SIMAS-Saltillo y cabildeando con las autoridades la forma de quedarse con el 49% del sistema. Para llevar a cabo la licitación, la empresa Arthur Anderson -que era entonces asesor contable de Aguas de Barcelona- desarrolló las bases correspondientes. Por supuesto que InterAgbar ganó la licitación, pagando sólo 81.9 millones de pesos por el 49% de las acciones de un sistema que entonces tenía un valor en libros de más de 500 mdp. 

Han pasado más de 17 años con nuestro sistema de agua y drenaje en manos de la mencionada empresa mixta. Durante todo este tiempo los alcaldes en turno no se han preocupado por revisar las cuentas de la empresa, ni el efecto de su gestión sobre los habitantes de la ciudad; y no han querido participar en el Consejo de Administración como presidentes, debido a que Pimentel en su momento, cedió el puesto del alcalde a un ciudadano (empresario). A la fecha, quienes integran el Consejo tienen entre 11 y 17 años en esa posición y han manifestado muy poco interés por detener los abusos y tropelías de la empresa, lo que los hace cómplices. Entre algunas arbitrariedades menciono que se han incrementado 7 veces las tarifas por encima del Índice Nacional de Precios al Consumidor -contraviniendo con esto y otros temas, lo establecido en el Contrato de Asociación- y han violado también la Constitución Mexicana, las Leyes de Agua nacional y estatal, el Contrato de Asistencia Técnica y otras normas y reglamentos. Han dañado gravemente la economía familiar de muchos saltillenses y ahora son la caja chica de la trasnacional y seguramente del alcalde en turno. 

El año pasado, como Regidor por el partido de Morena, encabecé la Comisión de Agua y Saneamiento del Cabildo. Pensé que desde esa responsabilidad podría hacer cosas que beneficiaran a la población más desprotegida que se ha visto afectada por los abusos de la empresa. Sin embargo, no lo logré por la falta de colaboración de los demás integrantes de la mencionada comisión (tres regidores del PRI). No obstante en la primera reunión de la misma se aprobó que el alcalde asumiera la presidencia del consejo y que se nombrara a nuevos consejeros. Para mi sorpresa, después se retractaron y en otra reunión donde yo estaba ausente, decidieron nulificar el acuerdo anterior (me dieron golpe de estado). Esto definitivamente fue un mandato que recibieron de su jefe, el alcalde Manolo Jimenez.

Otra propuesta que presenté al cabildo fue que se llevara a cabo una auditoría técnica y otra administrativa a la empresa Aguas de Saltillo. La propuesta se remitió a la comisión de Trasparencia, la cual, después de varias sesiones, decidió autorizar las dos auditorías con un costo de $ 750,000. El despacho elegido -por el alcalde- para la administrativa, ha tenido una fuerte relación con el sistema de gobierno priista y específicamente con Enrique Martinez y con Oscar Pimentel. A este despacho le entregué -por conducto de la contralora del municipio- dos documentos: “Lineamientos para una Auditoría Técnica” y “Cuestionamientos ciudadanos a la gestión de Agsal”. En cuanto a la auditoría técnica, la contraloría le solicitara a la empresa responda a una serie de preguntas, las cuales contestaran a su parecer, y un empleado del Municipio revisará la información que proporcionada.

Los resultados que arrojen las supuestas auditorias no sólo serán de dudosa validez, sino que servirán para el alcalde demuestre a la ciudadanía, que AGSAL es una empresa transparente y confiable.