Lo sucedido en la instalación del periodo de sesiones del Congreso de la Unión trasciende, por mucho, las escaramuzas que frecuentemente se presentan en las Cámaras que lo conforman.
La disputa por la integración de los órganos de gobierno del Senado, primero, con la pretensión del PRI de encabezar tanto la Mesa Directiva como la Junta de Coordinación Política y, posteriormente, al pactar con un sector de la bancada del Partido Acción Nacional la presidencia de la Mesa Directiva, define la ruta que el gobierno, su partido y sus aliados seguirán rumbo a las elecciones de 2018.

Van por todo, sin escrúpulos ni limitación alguna. Se proponen conservar el poder a como dé lugar. Su primera apuesta fue garantizar el control del Senado y de la Cámara de Diputados: lo lograron.
En la Cámara de Diputados, arrendando diputados del PRI al grupo parlamentario del Partido Verde, para impedir el reconocimiento de Morena como tercera fuerza legislativa, y en el Senado, fracturando al grupo parlamentario del PAN, al poner sobre el tapete de la negociación, más que la presidencia de la Mesa Directiva, el acuerdo que pretende sacar adelante los puntos más controvertidos de la agenda legislativa de este periodo de sesiones: el nombramiento del fiscal general de la nación, que ya tiene nombre y apellido, Raúl Cervantes, actual procurador general, y otros asuntos polémicos, como la Ley de Seguridad Interior, que legalizaría la militarización del país.

No se trata sólo del reacomodo de las fuerzas políticas en el parlamento ni del acuerdo respecto a la agenda legislativa, sino de la puesta en marcha, envalentonados por el pírrico resultado que alcanzaron en el Estado de México, de una operación política soportada en el aparato gubernamental, el uso indiscriminado de los recursos públicos, en la manipulación y en las campañas mediáticas de rumores e infundios, y en la fuerza del Estado para mantenerse en el poder.

El gobierno de Peña, su partido y sus aliados no entienden que este país ha cambiado. Que hay nuevos actores que desde la sociedad civil, más allá de los partidos o las organizaciones gremiales tradicionales, participan activamente en la reivindicación de demandas legítimas que han sido postergadas durante décadas: la recuperación del salario, el combate a la inseguridad, la defensa del territorio y los recursos naturales de las comunidades indígenas y campesinas, despojadas por la voracidad de concesionarios.
Son indiferentes a la creciente indignación del sector empresarial nacional, cansado de que las obras públicas se entreguen onerosa y arbitrariamente a empresas extranjeras “amigas del poder”. Están hartos de los “moches” y comisiones que se les exigen para que se les adjudiquen obras o adquisiciones del sector público. Como también lo son, ante los reclamos de organismos internacionales y agencias multilaterales, que alertan sobre la profunda descomposición que viven las instituciones del país.

El primero de septiembre hace tiempo que dejo de ser el día del Presidente. No logró convertirse, durante la precaria transición democrática que permitió la alternancia en el gobierno federal, en el día de la rendición de cuentas al Congreso. El Informe presidencial se ha reducido a un acto burocrático en el que un subsecretario entrega un documento al Congreso, que resulta intrascendente para la sociedad.

Lo sucedido ese día, es apenas el preámbulo que precede a mayores tensiones y polarización política de cara al 2018. El hartazgo y la indignación social alientan vientos de cambio, pese a la incertidumbre que generan los desatinos de algunos sectores de las izquierdas que, pudiendo conformar una nueva mayoría, se afanan en una alianza con la derecha, o apoyan con su voto la elección de Ernesto Cordero en el Senado.
La señal enviada por el gobierno en el Congreso camina en sentido contrario a las aspiraciones de la sociedad, y representa, además, el anuncio de que hará lo imposible por acallarlas.

Senador de la República