La libertad de expresión es uno de los pilares más importantes sobre los cuales se construye la democracia. La actitud del Presidente hacia ella es un signo preocupante que debiera encender focos de alerta

“…Ni un paso atrás, aunque vengan recomendaciones de la ONU para que no digamos que Proceso es una revista conservadora, vamos a seguirlo diciendo. El que no contribuya a la transformación de México, el que está a favor del inmovilismo, de mantener el statu quo, es conservador, se dedique a la política o se dedique al periodismo. Vamos a seguir hablando de estos temas”.

El señalamiento anterior fue realizado por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante una visita realizada ayer al municipio de Zongolica, Veracruz, y en respuesta al señalamiento que se realizara, desde la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expresando preocupación por el lenguaje del mandatario hacia la prensa.

Como se ha informado, la semana anterior el Presidente acusó a la revista Proceso de “portarse mal” con él y su administración y le reprochó que no apoye la transformación que él dice impulsar.

Al respecto, el portavoz de la Alta Comisionada Michelle Bachelet señaló que “los representantes gubernamentales de alto nivel deben ejercer el grado necesario de precaución al hacer declaraciones delicadas que podrían interpretarse como una reducción del espacio democrático y la libertad de expresión u opinión”.

No es la primera ocasión en que se realizan observaciones respecto de la forma en la cual el titular del Ejecutivo utiliza su posición para emitir declaraciones estigmatizantes en contra de quienes considera sus adversarios, entre los cuales figuran algunos medios de comunicación.

Y no es la primera ocasión tampoco, en la que López Obrador responde a tales observaciones afirmándose en su posición y reiterando que no dejará de fustigar a sus contradictores.

Esta vez, sin embargo, ha ido un poco más lejos, pues ha dejado clara la regla para establecer la línea divisoria entre “los buenos” y “los malos”: de un lado están quienes apoyan su gobierno y del otro está todo aquel que no lo respalda, es decir, todo “el que no contribuya a la transformación de México”.

La posición fijada por el Presidente refleja un profundo desprecio por una de las reglas fundamentales de la democracia: la posibilidad de discrepar, de controvertir e incluso de oponerse abiertamente a los planteamientos que se realizan desde el poder.

También refleja un preocupante olvido de las responsabilidades públicas a las que ahora se encuentra atado: como representante del Estado Mexicano, López Obrador no sólo está obligado a escuchar las voces que no están de acuerdo con él, sino a proteger el derecho de estas a manifestarse.

Utilizar su posición como cabeza del Estado para estigmatizar a quienes no están de acuerdo con él implica, además de una falta en el cumplimiento de sus responsabilidades públicas, la creación de un ambiente desfavorable para la consolidación del mercado libre de las ideas.

La libertad de expresión es uno de los pilares más importantes sobre los cuales se construye la democracia. La actitud del Presidente hacia ella es un signo preocupante que debiera encender focos de alerta.