Especial

Cuando pensábamos que las catástrofes pandémicas eran propias de las películas hollywoodenses o de algún ensayo de Saramago, la realidad nos cayó y calló súbitamente.

El miedo a la muerte y al colapso de los sistemas de salud provocaron que el mundo entero, por encima de cualquier interés económico, se detuviera ante la inminente propagación de la enfermedad COVID-19.

Conforme han pasado los días, y lamentablemente cada vez con mayor énfasis, este padecimiento ha puesto en jaque no sólo la vida y salud de las personas, sino también los sistemas de salud, la economía, los mercados cambiarios, el desarrollo sustentable, la educación, la democracia, la justicia, las instituciones públicas y un largo etcétera.

A todas y todos se nos ha trastocado la forma de vivir. Lo que antes era ordinario ahora es extraordinario. Las cosas más elementales como tocarnos, besarnos, abrazarnos, saludarnos, reunirnos y otro largo etcétera se han convertido en añoranzas.

A golpe de medidas contingentes, los seres humanos nos hemos tenido que reinventar para salir avantes de la pandemia y para comprender esta nueva realidad, que lejos de ser cotidiana se ha tornado covidiana.

Es importante destacar que las personas (físicas) nos somos las únicas que nos hemos visto en la necesidad de resetearnos para comprender y abordar exitosamente estos nuevos retos y escenarios. El impacto de la enfermedad COVID-19 también ha afectado a instituciones públicas y privadas.

Por mencionar algunos efectos covidianos, se puede señalar que se han roto viejos paradigmas estigmatizadores del trabajo en casa. Se han revalorado a las tecnologías informáticas, ahora más que nunca sabemos que gracias a ellas podemos estar cerca, estando lejos. Se ha comprendido que el capital humano puede funcionar mejor en casa. Se han desvalorado los formalismos excesivos, por ejemplo, al realizar una compraventa, celebrar un contrato, escuchar a las partes dentro de un juicio, presentar una demanda y al discutir y resolver un juicio.

Estos últimos ejemplos constituyen buenas prácticas que todos los órganos de justicia deben implementar. No basta con distanciarnos e implementar medidas para salvaguardar la salud, la vida de los justiciables y apoyar el ya famoso #Quédateencasa.

Bajo ninguna perspectiva, y por más grave que sea la pandemia, las instituciones públicas no deben incumplir con las funciones atribuidas por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes ordinarias. Máxime cuando se trata de actividades tan sensibles para la sociedad en general, como lo es la impartición de justicia.

Sin cortapisas, los integrantes de la judicatura debemos cumplir la función para la cual se nos designó: impartir justicia y garantizar la salvaguarda de los derechos fundamentales de la ciudadanía, respetando en todo momento el debido proceso.

Como bien lo señaló recientemente Diego García-Sayán, relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de Magistrados y Abogados, ante la situación actual que plantea la exigencia de “ponerse al día”, los tribunales, jueces y fiscales debemos lidiar con asuntos que puedan referir a derechos fundamentales en riesgo o a la previsible situación de inseguridad ciudadana.

En este sentido, no me queda duda alguna de que el Tribunal Electoral de Coahuila, gracias a los acuerdos que unánimemente tomó su Pleno y que han sido materializados por todo su personal, ha estado a la altura de las circunstancias y de las exigencias que se le han planteado en la medida en que la contingencia sanitaria se ha agudizado.

En efecto, las medidas para atender la emergencia sanitaria se comenzaron a tomar desde mediados de marzo. A partir de entonces y de manera constante se ha privilegiado el trabajo en casa. Se determinó que las audiencias ciudadanas de alegatos se llevarían a cabo con el apoyo de plataformas electrónicas. Y los medios de impugnación se discutirán y resolverán de forma no presencial a través de videoconferencias, mismas que en aras de garantizar la transparencia serán transmitidas en vivo en los canales de comunicación oficiales.

Inclusive, cuando el Consejo General del Instituto Nacional Electoral suspendió los procesos electorales de Hidalgo y Coahuila, el Tribunal acordó resolver aquellos asuntos que se encontraban en sustanciación al momento de la suspensión del proceso electoral, así como recibir y resolver aquellos que, a criterio del Pleno, tienen el carácter de urgente.

Por último, y como una medida que seguramente será un parteaguas en la justicia electoral mexicana, el pasado 23 de abril se emitió el acuerdo para autorizar el uso de tecnologías de la información para la presentación de e-Demandas, e-Promociones y en términos generales, sustanciar los medios de impugnación competencia de nuestro órgano jurisdiccional.

Como atinadamente lo señaló Miguel Carbonell, aludiendo a lo dicho por Richard Susskind, la impartición de justicia no es un edificio. Es un servicio que se debe brindar de manera rápida, eficiente y a bajo costo.

 

El autor es magistrado presidente del Tribunal Electoral de Coahuila de Zaragoza

sergiodiazrendon@hotmail.com