A nadie puede extrañarle que una elección interna –en cualquier partido político– termine en pugna doméstica y genere acusaciones, por parte de quienes resultaron oficialmente derrotados, de que se trató de un proceso desapegado de las normas democráticas.

En ese sentido, lo ocurrido ayer en la sede estatal del Partido Acción Nacional, en donde el anuncio oficial de los resultados de la elección de su nueva dirigencia en Coahuila implicó un conato de violencia, no puede considerarse un evento inusual.

Pero no por ser inusual resulta irrelevante. Y no lo es, porque los partidos políticos representan –al menos hasta ahora– la ruta principal a través de la cual los ciudadanos acceden al poder. Porque aún cuando existe la posibilidad de las candidaturas independientes –y algunas personas han accedido al poder público por esta vía–, lo cierto es que son las candidaturas partidistas las que acaparan la mayoría de los triunfos electorales.

Desde esta perspectiva, lo que ocurre puertas adentro de los partidos políticos representa un hecho de la mayor relevancia para efectos de medir la calidad de nuestra democracia y por ello, al margen de nuestras preferencias partidistas, debe importarnos.

Porque, ¿cómo puede construirse una democracia representativa a partir de fuerzas políticas que son incapaces de conducir de forma democrática y con civilidad sus propios procesos internos? ¿Cómo puede un partido político reclamar en la arena pública que exista limpieza en los procesos electorales constitucionales si no es capaz de garantizarla en sus propias elecciones?

No se trata, por supuesto, de caer en el cinismo de afirmar que, si los partidos políticos no son democráticos al interior, entonces no tienen derecho de exigir democracia al exterior. De lo que se trata es de llamar la atención respecto de la imposibilidad de construir una democracia robusta a partir de partidos políticos que no son capaces de conducirse democráticamente.

Por otra parte, quienes se encuentran en la oposición tienen una carga extra que soportar, en términos de mostrarse frente a los ciudadanos como agrupaciones que no se entregan a los mismos vicios que sus rivales en el poder, sino que hacen gala exactamente de lo contrario.

Por ello, más allá de que en el PAN acudan a los instrumentos legales internos –y eventualmente a los tribunales– para dirimir sus diferencias, valdría la pena que tomen nota de la escasa contribución que su conducta hace a la consolidación de una democracia robusta en la entidad.

Es cierto que, en materia de su vida interior, los conflictos que atañen a cualquier partido compete resolverlos sólo a quienes cuentan con derechos reconocidos en dicha agrupación. Pero no lo es menos que, al ser definidos los partidos como entidades de interés público, a todos los ciudadanos importa la forma en la cual desarrollan sus actividades.

Por lo demás, los partidos políticos se sostienen gracias a los generosos recursos que los contribuyentes les entregamos en forma de prerrogativas y sólo por eso tenemos derecho a exigirles una conducta que tenga mayores elementos de decoro.