No se ha cumplido una semana aún de iniciada la campaña por la Gubernatura, las 25 bancas del Congreso Local y los 38 ayuntamientos de la entidad, pero las principales fuerzas políticas que se disputan los cargos en juego parecen haber iniciado una competencia paralela: demandarse mutuamente ante las autoridades judiciales.

Tanto el PRI como el PAN —así como sus partidos aliados— parecieran determinados a que la Procuraduría General de la República sea un actor relevante de estos comicios, pidiéndole que investigue conductas que presuntamente serían constitutivas de delito.

¿Por qué han decidido ambas fuerzas políticas judicializar los comicios locales? Tal vez valdría la pena preguntar también por qué una de sus primeras acciones de campaña es justamente la presentación de denuncias penales y no otras, como promover un mayor número de debates, por ejemplo.

Como ha ocurrido en otras ocasiones, la intención de los punteros de la contienda pareciera ser que los ciudadanos votemos por ellos, no a partir de que nos convenzan con sus propuestas para enfrentar los problemas de nuestra realidad cotidiana, sino porque “el de enfrente es indeseable”.

A ese paso, como se ha dicho en múltiples ocasiones, los electores parecemos empujados a decantarnos, no por la persona que consideremos mejor preparada para el puesto, sino por quien cargue menos demandas penales sobre los hombros, hecho que sin duda degrada la actividad política.

No se trata, por supuesto, de manifestarse en contra de la presentación de demandas penales cuando existe evidencia de conductas indeseables que, de acuerdo con la normatividad aplicable, deben investigarse a fin de perseguir y sancionar a los responsables.

De lo que se trata es de que la denuncia de presuntos hechos delictivos no se adueñe del espacio y nos distraiga de lo fundamental en un proceso electoral: tener la posibilidad de conocer las propuestas de todos los candidatos y, con base en dicha información, emitir un voto informado el próximo 4 de junio.

De lo que se trata es de llamar la atención de candidatos y dirigentes partidistas en el sentido de que los ciudadanos tenemos suficiente criterio como para comprender cuándo la denuncia de un presunto hecho ilegal está motivada por un auténtico deseo de que se respete la ley y se haga justicia, y cuándo se trata solamente de un intento por minar la presencia del adversario para obtener réditos electorales.

Que los hechos delictivos no queden sin denunciar y que las autoridades responsables de investigarlos y, eventualmente, castigarlos, cumplan con pulcritud y eficacia su función.

Pero que la discusión sobre presuntas culpabilidades no desplace la exposición, contraste y discusión de las ideas y propuestas de partidos y candidatos.

Nadie gana —y todos perdemos— si las conductas delictivas quedan en la impunidad, por supuesto. Pero también perdemos todos cuando la discusión pública se devalúa reduciéndola a una “competencia” por averiguar quien ha violado más la ley.