Que los ciudadanos no tengan certeza sobre quién es la persona por la cual realmente están votando es un elemento que puede alterar el resultado de los comicios

La certeza es uno de los principios que, de acuerdo con la Constitución y las leyes, debe regir la actividad electoral en el País. No hace falta ser jurista para tener clara la razón de ello: los procesos electorales son el medio para determinar quién gobierna en nuestro nombre.

Teóricamente, uno de los elementos que garantiza tal certeza es la existencia de un sistema de medios de impugnación que permite a los ciudadanos, así como a los candidatos, dirigentes y militantes de los partidos políticos, controvertir las decisiones administrativas cuando consideren que se ha faltado a una regla o se han vulnerado sus derechos.

En el proceso electoral en marcha, sin embargo, pareciera que los procesos impugnativos están sirviendo para lo contrario, es decir, para disminuir la certeza de los ciudadanos respecto de quiénes son las personas que compiten por los cargos.

Durante los últimos días los medios de comunicación hemos dado cuenta de diversas sentencias de los tribunales electorales –el de Coahuila y el federal– mediante las cuales se han descalificado candidaturas –tanto en la elección de ayuntamientos como en la de diputados federales–, se han admitido otras a última hora o se han ordenado sustituciones porque se considera que los partidos políticos no han cumplido las reglas de paridad de género.

Nada extraordinario hasta aquí, pues desde que existe el complejo sistema de medios de impugnación que tenemos en México eso ha ocurrido en múltiples ocasiones. Sin embargo, nunca antes las sentencias de los tribunales habían llegado hasta este punto de las campañas, cuando faltan sólo 25 días para la jornada electoral del 6 de junio.

¿Cuál es el problema con eso? Que para garantizar el derecho de los ciudadanos a votar con certeza es preciso que las boletas electorales se impriman con varias semanas de anticipación, a fin de estar en posibilidad de armar los paquetes, verificar su integridad, transportarlos a cada municipio y de allí a cada casilla.

Y para asegurar que tales tareas puedan llevarse a cabo se supone que la legislación electoral establece plazos suficientes para que las impugnaciones que se presenten puedan desahogarse sin afectar los actos preparatorios de la jornada electoral.

Eso no ha ocurrido en esta ocasión y no se trata de un asunto trivial. Que los ciudadanos de cualquier demarcación no tengan certeza sobre quién es la persona por la cual realmente están votando es un elemento que puede alterar el resultado de los comicios.

¿De quién es la responsabilidad? Cada quien, desde las instituciones públicas responsables de organizar y dar certeza a los comicios, dará una respuesta de acuerdo con sus intereses particulares, pero más que una explicación lo que se requiere es evitar que sea la incertidumbre la nota distintiva de los comicios.

Es de esperarse que una vez concluido este proceso –o antes, incluso– se fomente una discusión seria sobre lo ocurrido ahora y se diseñe una solución que devuelva a las elecciones la certeza que hoy parece perdida.