Empresas de papel que nos cuestan cientos de millones
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Del total de los recursos presuntamente desviados, un abultado 28 por ciento, es decir, 745.4 millones de pesos, corresponderían a erogaciones realizadas en Coahuila
En esta edición VANGUARDIA publica un reportaje de investigación que documenta, de forma detallada, un problema que se conoce de hace tiempo en Coahuila, pero que, según podemos ver hoy, no es privativo de la entidad: el de las empresas “fantasma” que facturan a los gobiernos estatales y municipales cientos de millones de pesos presuntamente a cambio de nada.
El trabajo de investigación forma parte del esfuerzo que impulsa en la región el Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
Los números son tan contundentes como agraviantes: de acuerdo con cifras del Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre 2014 y 2019, los gobiernos de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas habrían pagado al menos 2 mil 628 millones de pesos a 536 empresas que han sido clasificadas por el SAT como sospechosas de facturar bienes y servicios inexistentes.
Mediante la emisión de 15 mil facturas se habría justificado la prestación de servicios como diseño de revistas, construcción de pozos de agua y cuadernillos sobre violencia intrafamiliar, así como la adquisición de bienes como cemento, croquetas para perro, computadoras y amortiguadores para vehículos, o servicios como asesorías, renta de sillas y sonido o cursos para aprender a utilizar apps, además de un largo etcétera.
Del total de los recursos presuntamente desviados, un abultado 28 por ciento, es decir, 745.4 millones de pesos, corresponderían a erogaciones realizadas en Coahuila durante la pasada administración encabezada por Rubén Moreira, así como por los ayuntamientos de Saltillo, Monclova y Piedras Negras.
Se trata del segundo monto más alto, del total detectado en toda la región, solamente superado por Tamaulipas, si bien debe aclararse que, del total de casi 745 millones y medio, el 97 por ciento corresponde a operaciones realizadas con el Gobierno del Estado y que, de este volumen, el 94 por ciento se habría pagado durante la administración de Rubén Moreira.
Son cifras monstruosas que hablan de una –también monstruosa– corrupción, pero que además retratarían la persistencia de amplios islotes de impunidad en los gobiernos municipales y estatales, pese a la existencia de un gigantesco aparato presuntamente construido para combatir y erradicar la corrupción.
El reportaje, es conveniente insistir, tan sólo consigna lo que las autoridades hacendarias han detectado, es decir, pone a la vista de todos los ciudadanos la superficie de una trama que es perfectamente conocida por las autoridades federales mexicanas.
¿Qué se está haciendo para perseguir y castigar los presuntos delitos que se encuentran detrás de estas cifras? Convendría saberlo porque, a estas alturas, de lo que más estamos cansados los ciudadanos es de conocer evidencia que documenta las tropelías que se cometen desde el poder público, pero que no pasa absolutamente nada después de conocerla.