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La Organización Human Rights Watch denunció las amenazas por parte de grupos ilegales en 30 departamentos del país. Las advertencias se la hacen llegar a la ciudadanía a través de mensajes de WhatsApp

El coronavirus sigue atacando a América Latina, esta vez, Colombia se llevó una mala noticia luego de saber que actualmente hay más de 8.000 contagios y que murieron 215 personas este sábado 18 de julio.

Es por ello que el pasado miércoles 15 de julio, Human Rights Watch denunció que grupos ilegales han impuesto una estricta cuarentena en los distintos departamentos de Colombia, en donde el Estado tiene poca presencia, y quien no la cumpla puede ser hasta asesinado.

Cabe precisar que nueve personas han sido asesinadas en los últimos meses por imponerse a cumplir estas leyes u oponerse a ellas.

El líder comunitario, Edison López, envió una misiva a las autoridades de Colombia en el que comunicaba que miembros de un grupo llamado La Mafia en Putumayo, uno de los 30 departamentos de este país, obligaba a los residentes a operar una revisión sanitaria: “No puedo seguir enviando mi comunidad a la muerte”.

López fue asesinado unos días después.

“Los ‘castigos’ brutales y draconianos que imponen los grupos armados para impedir la propagación de la COVID-19 exponen a individuos en comunidades remotas y pobres a lo largo de Colombia a ser atacados, e incluso asesinados, si salen de sus casas'‘, denunció José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch.

Vivanco dijo que con la pandemia reafirmaron el control que tienen sus bandas y así ganar más legitimidad ante los ojos de la ciudadanía. También se confirmó que estos grupos irregulares tienen miedo a que se produzca un brote de coronavirus en sus filas, y se conoció que están imponiendo las reglas en 11 de 32 estados. Además de ello, envían sus advertencias a la ciudadanía a través de mensajes de WhatsApp.

Hace unos meses se conoció, a través de un panfleto, que “se vieron forzados a dar bajas humanas con fines de preservar vidas'‘, y advirtió que solo permitirían que salgan a la calle los empleados de tiendas, panaderías o farmacias.

A través de la organización se conoció que tres civiles fueron asesinados y otros cuatros resultados heridos en un parque al suroeste del país. Mientras que tres inmigrantes venezolanos fueron asesinados mientras bebían alcohol en un taller de reparación de celulares.