Más de medio siglo ha durado un conflicto que llegó a ser una guerra civil. Más de 250 mil muertos, más de siete millones de desplazados. Escuadrones paramilitares que en su barbarie eclipsaron a los de Centroamérica.
El horror de una nación que se vio dividida, desmembrada, por momentos al borde del colapso institucional. Que vio cómo sus mismos dirigentes, los encargados de preservar el orden constitucional, las leyes y la decencia se volvían partícipes de la barbarie. Y un movimiento insurgente que también traicionó sus orígenes y sus ideales no solo al aliarse con el narco, sino al recurrir a ataques contra la población civil y a la macabra y lucrativa práctica del secuestro.

La historia de las FARC suena terriblemente conocida para muchos en Latinoamérica. Un sistema político nominalmente democrático, con alternancia entre dos grandes partidos y que sin embargo no era plenamente representativo, o al menos no para un muy numeroso sector de la población que vivía en la doble marginación de la pobreza y la vida en el campo sin tierra propia para labrar.

En muchos otros países de la región, la desigualdad, la exclusión y la pobreza han provocado el surgimiento de grupos insurgentes que se oponen al régimen establecido, al statu quo. En algunos casos la vía ha sido la de la guerrilla rural o urbana, en otros el terrorismo, en algunos más la organización civil. Pero en muy pocos se ha visto que una organización guerrillera sea capaz de alcanzar el peso militar, político y social de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que nacieron en 1964 y en su cénit llegaron a controlar territorio equivalente al tamaño de Suiza, y a tener cerca de 40 mil combatientes.

Muchos intentos en estos 52 años por poner fin a la guerra, algunos de ellos sinceros, pero siempre frustrados al final. Ahora ha sido una sucesión de eventos fortuitos la que permitió que ambas partes se sentaran en serio a negociar y, con ayuda externa, a lograr un acuerdo que podría transformar para bien la realidad de esa entrañable nación.

El derechista ex presidente Álvaro Uribe, con vínculos documentados con los terratenientes y sus grupos paramilitares que formaron como respuesta a la organización y la militancia campesinas, intensificó la ofensiva militar contra las FARC (encargada por cierto a su entonces ministro de Defensa y hoy su sucesor, Juan Manuel Santos) a un enorme costo no solo en vidas humanas, sino en abusos y atrocidades. Pero los éxitos militares se sumaron a las circunstancias a las que antes aludí: la muerte sucesiva, en un periodo relativamente corto, de dos líderes de las FARC, uno de ellos a manos del ejército; la sequía de recursos de muchas de sus fuentes, incluidas las extorsiones a empresas petroleras y el apoyo encubierto del gobierno venezolano; el interés de una Cuba deseosa de reinsertarse en el hemisferio y de otros países de la región (de manera destacada México) para promover un acuerdo.

Hoy las partes lo han logrado, al fin. Entre los términos destacan previsiones para el castigo y/o perdón a criminales de guerra de ambas partes, la conformación de las FARC como fuerza política electoral que pueda tener representación en el Congreso, y su total desarme. Viene ahora un último reto, no menor: los colombianos deberán dar el sí a los acuerdos de paz en un plebiscito a realizarse en octubre. El principal promotor del “No” es Álvaro Uribe, en lo que me parece un acto de protagonismo y de deslealtad institucional. No le corresponde a un ex presidente de la república tratar de torpedear a su sucesor, en un acto sin sentido común ni decencia política. Pero a Uribe eso no le importa y hará todo lo que pueda por descarrilar al tren de la paz (Cat Stevens dixit) que durante décadas han esperado los colombianos.

Ojalá se impongan la reconciliación y la paz y no el revanchismo.
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Facebook: Gabriel Guerra Castellanos

Analista político y comunicador