La paridad de género es un tema que por años ha dividido a la opinión pública y política de la sociedad. La democracia paritaria supone necesariamente cuestionar las relaciones patriarcales de poder, que durante prácticamente toda la historia de la humanidad han prevalecido –y prevalecen– en la inmensa mayoría de las sociedades actuales. Asimismo, implica que las mujeres y los hombres tengan condiciones igualitarias en el acceso y la conformación de los poderes públicos y organismos constitucionales autónomos sobre los cuales descansa nuestro sistema jurídico.

Los cambios, constitucionales y legales, que han permitido mayores espacios de toma de decisión para las mujeres han sido producto de una lucha constante de los colectivos sociales feministas de todas las tendencias, una lucha que se ha cristalizado desde abajo a través de presión social, acciones colectivas coordinadas y un lobby que se ha fortalecido con el pasar de los años.

La paridad para todos los cargos públicos es la culminación legal de una serie de cambios normativos que iniciaron en 1996 con la “consideración” de las mujeres en las candidaturas de elección popular, posteriormente en el año 2002 la ley obligó a los partidos políticos a establecer una cuota de género de porcentajes 70-30 en las candidaturas, que aumentó en 2008 a un 40-60. Con la reforma político-electoral de 2014, la paridad de género se hizo presente en el marco normativo nacional, pero únicamente para los poderes legislativos federal como locales, aunado a esto, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitieron criterios que permitieron la paridad horizontal y vertical en los ayuntamientos. No obstante, los poderes ejecutivo y judicial así como los órganos constitucionales autónomos quedaron fuera de tales disposiciones, por lo que su conformación siguió dominada por el sexo masculino.

La minuta con proyecto de dictamen que reforma diversos artículos de la Constitución Política de nuestro País, que fue aprobada por el Congreso del Estado de Coahuila el martes 4 de junio pasado, es histórica, no sólo porque garantiza el acceso paritario a todos los cargos públicos de elección popular así como la integración paritaria del poder judicial federal y de los órganos constitucionales autónomos.

La reforma constitucional está por salir, faltaría la legislación secundaria que seguramente seguirá generando bastante discusión sobre el tema. Ya en el Congreso Local diversas legisladoras han propuesto fórmulas legislativas que podrán ayudar a construir el marco normativo faltante, incluso la diputada Claudia Isela Ramírez Pineda ha propuesto un mecanismo de paridad alternada que podría, en caso de ser aprobado, establecer la paridad para la gubernatura estatal.

De igual forma, es necesario mencionar que existen muchas voces en contra de esta reforma, que hay quienes sostienen que la meritocracia debe prevalecer frente a la paridad y que se les están “regalando” los cargos públicos a las mujeres por el simple hecho de serlo, negando desde luego el hecho de que en el País viven casi 62 millones de mujeres, miles o millones de ellas con las capacidades necesarias para cubrir cualquier perfil que se les ponga enfrente. El problema no es la meritocracia, el problema es nuestro machismo evidente o disfrazado, pues a los hombres –como colectivo social– nos asusta que las mujeres se empoderen y defiendan los derechos que por mucho tiempo les hemos negado de manera dolosa o por simple indiferencia.

La reforma constitucional va por buen camino, se ha aprobado ya por la mayoría de las legislaturas locales, por lo que sólo faltaría la declaratoria oficial del Congreso de la Unión y su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación. Tales acciones dejan algo claro: la democracia paritaria llegó para quedarse, pero depende de usted, de nosotros, de los ciudadanos y ciudadanas que las reformas legales trasciendan el orden jurídico y se traduzcan en una sociedad cada vez más justa e igualitaria. Le invito estimado lector o lectora a seguir este tema de cerca, pues no es un asunto que competa exclusivamente a las mujeres, pues al final día es una cuestión que habla de nuestra madurez como un Estado democrático y constitucional de derecho.

Óscar Daniel Rodríguez Fuentes

Maestro en Derechos Humanos y Especialista en Derecho Electoral por la Universidad Autónoma de Coahuila. Profesor de Derechos Humanos y sus garantías en la Universidad del Valle de México.

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