En San Fernando, PGR y autoridades de Tamaulipas cometieron violaciones a DH: CNDH

Ciudad de México. Personal de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y del gobierno de Tamaulipas incurrieron en violaciones graves a derechos humanos en agravio de 196 migrantes extranjeros cuyos cuerpos fueron hallados en abril de 2011 en 48 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Aunado a ello, también se dieron diversas omisiones y violaciones a los derechos de las familias de 57 mexicanos desaparecidos ligado al hallazgo de estas fosas.

El organismo nacional documentó que personal de la extinta PGR -hoy Fiscalía General de la República- y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas cometieron graves violaciones a los derechos de acceso a la justicia, a la seguridad jurídica y a la verdad, en agravio de los 196 migrantes y de los 57 mexicanos desaparecidos.

Por esto, la CNDH dirigió la Recomendación por Violaciones Graves 23VG/2019 al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, y al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Tras concluir su investigación, la CNDH encontró responsabilidad de ambas autoridades por las irregularidades en que incurrieron los Agentes del Ministerio Público, tanto de la Federación como del fuero común que estuvieron a cargo de las investigaciones ministeriales de los hechos.

El organismo aclaró que el 23 de diciembre de 2013, emitió la Recomendación 80/2013, en la cual acreditó la violación de los derechos humanos en agravio de 72 personas migrantes cuyos cuerpos fueron hallados el 22 de agosto de 2010, también en San Fernando, así como por violaciones a los derechos de dos sobrevivientes, quienes fueron secuestrados en esa población, y trasladados a un rancho de esa donde las 72 personas migrantes fueron privadas de la vida.

Como antecedente de la investigación de los 196 migrantes, el organismo señaló que el 6 de abril de 2011 se dio a conocer en un medio de comunicación que al menos 60 cuerpos fueron encontrados en un rancho ubicado en San Fernando, Tamaulipas, por lo que en esa misma fecha dirigió medidas cautelares a la entonces PGR y a la PGJ de Tamaulipas, para preservar todo tipo de indicios que se obtuvieran con motivo de las investigaciones sobre los homicidios, así como de datos que permitieran la identificación de los cadáveres y/o restos humanos.

Además, inició de oficio expediente de queja, y para integrarlo debidamente, personal de la CNDH realizó diversas acciones y trabajos de campo y solicitó información a diferentes dependencias.

Al conocerse los hallazgos de fosas clandestinas en las inmediaciones de San Fernando, familiares de 57 personas de origen mexicano desaparecidas presentaron diversos escritos de queja ante la CNDH, solicitando intervención para la búsqueda y localización de las mismas, también solicitaron se pidiera información a los órganos de procuración de justicia que permitiera saber si sus familiares ausentes se encontraban entre los cuerpos o restos localizados. Para no dividir la investigación, la CNDH decidió acumular esos 12 expedientes.

El organismo denunció que en su investigación se enfrentó dificultades para obtener oportunamente toda la información de que disponían las autoridades; la PGJ de Tamaulipas no atendió las solicitudes de información, mientras que la PGR, a pesar de la disposición para que personal de la CNDH consultara la averiguación previa, sus funcionarios y personal ministerial no permitieron el acceso íntegro a la indagatoria y rindieron informes incompletos, por lo que personal del organismo acudió múltiples veces a la PGR para consultar, transcribir, en ocasiones de forma manuscrita, y seleccionar las principales actuaciones ministeriales, impidiéndole el ingreso con equipo para la toma y reproducción de imágenes.

De los más de 200 tomos que integraban la averiguación previa, cada uno conformado entre 700 a 900 fojas, la CNDH consultó y seleccionó actuaciones ministeriales relativas a la identificación de las víctimas de 159 tomos, las cuales fueron entregadas parcialmente por parte de la PGR hasta seis meses después de haberlas solicitado, entre ellas, se recibieron dictámenes integrados de identificación.

"La CNDH destaca que realizará un análisis integral de la problemática de inseguridad y violencia existente en Tamaulipas, que han derivado en la desaparición y el secuestro de migrantes en tránsito en el país, que han sido documentados en diversos pronunciamientos que ha emitido, así como en casos que se encuentran en trámite".

En su Recomendación, pidió al titular de la FGR tomar las acciones necesarias para la localización de familiares y demás víctimas indirectas relacionadas con las 196 personas localizadas en fosas clandestinas en 2011; se les brinde atención psicológica y, en su caso, tanatológica, que sea efectiva en sus países de origen cuando la persona sea de nacionalidad extranjera; y llevar a cabo las acciones para la localización de familiares y demás víctimas indirectas de 55 personas que continúan desaparecidas.

Se le solicitó ofrecer su respectiva disculpa pública institucional, partiendo del reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades por las violaciones a derechos humanos en agravio de las víctimas indirectas de las personas halladas en esas fosas clandestinas; que a los familiares de esas 196 víctimas directas se les reconozca el carácter de víctimas al interior de la averiguación previa y se les garantice participar activamente en las investigaciones, para lo cual se deberá resguardar su integridad, y aportar la Recomendación a la carpeta de investigación respectiva, así como colaborar en el trámite y seguimiento de las denuncias de hechos y quejas que la CNDH presente ante la FGR y el Órgano Interno de Control de esa Fiscalía, y ante la PGJ de Tamaulipas y la Coordinación de Asuntos Internos de la Procuraduría estatal contra el personal responsable, a cuyos expedientes se deberá anexar copia de esta Recomendación.

Al gobernador de Tamaulipas se le recomienda, entre otras cosas, implementar medidas inmediatas para recobrar las funciones de seguridad pública y garantizar la paz y el orden público en todos los municipios del estado, mediante políticas públicas bien definidas; capacitar a los agentes del Ministerio Público en derechos humanos de las víctimas del delito y sus familiares durante la integración de averiguaciones previas o carpetas de investigación, y a los peritos de la procuraduría estatal, sobre procesamiento de indicios, cadena de custodia, preservación y conservación del lugar de los hechos, así como medicina forense.