Manifestantes reclaman ante el Congreso de Coahuila opacidad en la contratación de la "megadeuda" de Coahuila
¿Es creíble la posición asumida por el Gobierno de Miguel Ángel Riquelme en los primeros días de 2020 respecto de Javier Villarreal? El Gobierno de Coahuila ha dicho que lo persigue por enriquecimiento ilícito y que pedirá su extradición así como la devolución del dinero que robó a las arcas estatales. Detalles del expediente judicial armado en contra del ex todo poderoso funcionario estatal invitan a no confiar mucho en las intenciones de la administración coahuilense

Aún faltaban personas de partir la rosca y “sacarse el monito”, cuando el Gobierno de Coahuila decidió, el pasado 7 de enero, sorprendernos con una trepidante declaración: ya le buscaron bien a Javier Villarreal Hernández… ¡y le encontraron 160 millones de pesos cuyo origen no podría explicar!

Entonces, como los celosos guardianes de la ley cuya vocación por el combate a la corrupción y la ilegalidad todos hemos atestiguado, pues nuestros funcionarios pusieron manos a la obra de la única forma posible y deseable: le abrieron una investigación al desleal exfuncionario, judicializaron el caso ¡y obtuvieron una orden de aprehensión en contra del pillastre!

Para no dejar lugar a dudas, el señor gobernador Miguel Ángel Riquelme lanzó el anatema lapidario: “mi gobierno no es tapadera de nada ni de nadie. Eso lo dije desde el inicio de mi administración”. Por ello, agregó, solicitará la extradición de Javier Villarreal.

No conforme con plantar la bandera anterior, la administración estatal decidió de una vez tirarse a lo profundo y el ínclito fiscal Gerardo Márquez Guevara anunció lo impensable: Coahuila irá también por los bienes de Villarreal Hernández al otro lado del Río Bravo…

“Lo que se analiza es el dinero que se tiene asegurado en Estados Unidos, y nosotros también queremos hacer la reclamación de eso por la vía legal, suponiendo que ese numerario se presumiera que fue el objeto del ilícito que se le imputa acá”, dijo el Fiscal con esa propensión al lenguaje críptico tan suya.

Siempre conviene, desde luego, leer con detenimiento las “precisiones” de don Gerardo: “suponiendo que ese numerario se presumiera que fue el objeto del ilícito que se le imputa acá”… En buen cristiano, pues primero se requiere armar alguna estrategia… ¡pero voluntad hay!

En teoría, la grave acusación enderezada acá contra Villarreal –por enriquecimiento ilícito– ayudaría en el logro del propósito anunciado. Pero antes de hacernos ilusiones conviene revisar los detalles. Por ejemplo, algunos interesantes fragmentos de la resolución con la cual se ordenó aprehender a Javier Villarreal y a los cuales este espacio tuvo acceso.

La orden de aprehensión, como informó VANGUARDIA en su oportunidad, fue librada el 25 de noviembre del año pasado por la titular “interina” del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal, de Saltillo, Adriana del Amor Serna Calderón.

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Llama la atención, sin embargo, leer en la primera página del documento la fecha en la cual arrancó la integración del expediente penal respectivo: el 16 de diciembre de 2014, a partir de una denuncia de hechos presentada “en contra de quien o quienes resulten responsables”.

Dos cosas deben notarse aquí: la primera es cómo el expediente del cual derivó la acusación de enriquecimiento ilícito contra Javier Villarreal se inició más de tres años después de su primer arresto en Saltillo; la segunda es cómo la parte acusadora –cuya identidad se desconoce– pidió se investigaran hechos, pero sin señalar a nadie en concreto. ¿En serio tres años después de estallar el escándalo de la megadeuda aún no sabían si acusar a Villarreal o no?

Otro dato “curioso” es el relativo a la principal evidencia a partir de la cual se acreditó el probable enriquecimiento ilícito: un dictamen contable elaborado por un perito adscrito a la Fiscalía General de Coahuila.

¿Dónde estriba lo “curioso”? En la fecha del peritaje: 1 de abril de 2019. ¡Cuatro años y medio les tomó dictaminar la discrepancia entre los ingresos comprobables del extodopoderoso funcionario de la administración estatal y el dinero depositado en sus cuentas bancarias!

Y aunque desde el 1 de abril del año pasado tenían ya el peritaje, como a nadie le corre prisa en estas cosas, pues se tomaron otros siete meses y medio en tramitar y obtener la orden de aprehensión.

Finalmente, un detalle de risa loca: en su resolución, la juez Adriana del Amor proporciona a la Fiscalía la información necesaria para proceder al arresto de Villarreal Hernández. “…notifíquese la presente resolución al Agente del Ministerio Público Adscrito para que se ejecute… en la inteligencia de que el acusado puede ser localizado en el domicilio que obra al inicio de la presente resolución”, afirma la juzgadora.

¿Cuál es el referido domicilio? Uno ubicado en la calle Noruega, de la Colonia Los Parques… ¡en Saltillo! ¿En serio nadie en la Fiscalía o en el Juzgado Penal al menos lee los periódicos para enterarse de datos elementales?

Ante estos elementos, poco –tirándole a nada– puede creérsele realmente al Gobierno de Coahuila en relación con su pretendida intención de perseguir penalmente a Javier Villarreal y, mucho menos, de acudir a Estados Unidos para recuperar el dinero robado a las arcas estatales.

Todos lo hemos visto a lo largo de los últimos ocho años: los responsables de investigar y perseguir los delitos en Coahuila han jugado sistemáticamente el papel de cómplices en el caso de la megadeuda. Y este episodio tan sólo sirve para convencernos aún más de ello. Seguiremos en el tema…

¡Feliz fin de semana!

@sibaja3

carredondo@vanguardia.com.mx