En Texas, los violadores podrían demandar a sus víctimas si deciden abortar
Alguien que proporcione fondos para un aborto también podría ser demandado, incluso si no sabía para qué se estaba utilizando el dinero
Texas lleva años atacando el acceso al aborto. Después de que el estado aprovechó la crisis de Covid-19 la primavera pasada para tratar de cerrar las clínicas de aborto.
De acuerdo con Marina Garrett, defensora de las sobrevivientes de agresión sexual, la Legislatura de Texas está preparada para hacer precisamente eso, al aprobar una legislación que se anuncia como la primera de su tipo por las tácticas que usa para prevenir el acceso al aborto.
La medida ya ha sido aprobada por el Senado estatal y está programada para aprobar una votación de procedimiento de la Cámara. Se espera que la versión reconciliada obtenga la aprobación del gobernador cuando llegue a su escritorio.
Al igual que varios otros estados se han movido para hacer, Texas prohibiría todos los abortos una vez que se pueda detectar la actividad cardíaca en el feto.
Por lo general, eso ocurre alrededor de las seis semanas, solo dos semanas después de un período perdido y antes de que la mayoría de las mujeres sepan que están embarazadas. Funcionaría como una prohibición casi total del aborto, sin excepciones por violación o incesto. En algunos casos, también se puede evitar que los médicos que necesitan resolver el aborto espontáneo de un paciente lo hagan.
En el resto del mundo, solo unos pocos funcionarios públicos pueden perseguir este tipo de ley. Esta legislación va mucho más allá al permitir que cualquier persona que no sea un funcionario estatal o local demande a un proveedor de servicios de aborto o alguien que "ayuda e incita" a otra persona a obtener un aborto, ya sea que hayan estado o no directamente involucrados y si lo están o no. ubicado en Texas.
El proyecto de ley de la Cámara incluye algunos términos para evitar que una persona que comete una agresión sexual presente una demanda. Pero podría interpretarse que la ley tal como está redactada requiere que el agresor haya pasado por el sistema legal, y solo se denuncia aproximadamente 1 de cada 4 agresiones sexuales, y la gran mayoría nunca ha resultado en una condena.
