¿En verdad habrá gobernadores encarcelados?

Una de las características indeseables de la política nacional es el ofrecimiento realizado por candidatos en campaña de “perseguir” penalmente a quienes habrán de suceder en el cargo, en caso de ganar la contienda electoral en la cual participan, a fin de concitar el apoyo a su favor.

La contienda electoral que tuvo su punto culminante en la jornada comicial del domingo anterior estuvo caracterizada en buena medida por ofrecimientos de este tipo y, aún cuando resulta difícil cuantificar qué tanto influyó en el resultado final, los virtuales triunfadores de la elección por la gubernatura en Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo podrían haber fincado su victoria en el ofrecimiento que hicieron de “meter a la cárcel” a los actuales mandatarios de tales entidades.

¿Es válido realizar este tipo de ofrecimientos para obtener votos? Habrá quien conteste a la pregunta anterior diciendo que “en la guerra y en el amor todo se vale”, pero valdría la pena analizar los matices del asunto.

En primer lugar, resulta importante tener en cuenta que encarcelar a alguien —a quien sea— no puede ser un acto voluntarista. Para poner a cualquier persona tras las rejas es indispensable que se le acuse formalmente de un delito, que se aporten las pruebas necesarias para acreditar su responsabilidad y que un juez dicte una sentencia condenatoria en su contra.

En otras palabras, no depende de la voluntad de un Gobernador —afortunadamente— que una persona goce de libertad o la pierda, sino de que se pruebe la existencia de un delito y la responsabilidad del imputado. Desde esta perspectiva resulta más o menos irresponsable ofrecerle a los ciudadanos que se pondrá tras las rejas a alguien sólo porque un candidato ha decidido que es culpable y debe estar tras las rejas.

En segundo lugar vale la pena llamar la atención en torno al hecho de que ofrecer el encarcelamiento de alguien que se encuentra actualmente en el poder bien podría convertirse en la mejor invitación a que dedique los últimos días de su mandato a desaparecer pruebas y/o alterar las evidencias que pudieran servir para demostrar su culpabilidad.

Se podrá decir que entonces se le acusará de obstrucción a la justicia o de alteración de evidencias, pero al final lo que cuenta es el resultado: es imposible encarcelar a nadie si no se tienen las pruebas de que cometió un delito, por más que todo mundo crea que “es evidente” la conducta ilegal en la cual habría incurrido.

Así pues, los ofrecimientos de castigo en contra de gobernadores que, al menos en opinión de quienes les sucederán en el cargo —y a quienes aparentemente respaldarían los electores— serían responsables de conductas ilícitas, difícilmente se traducirán en hecho concretos porque no se trata solamente de tomar la decisión de poner a alguien tras las rejas para que ello ocurra.

No habrá que esperar mucho tiempo para atestiguar si las promesas de este tipo pueden o no convertirse en realidad.