Lo que estamos viendo en estos días en Coahuila es, toda proporción guardada, la reproducción de una película que ya vimos y que no debemos permitir que vuelva a proyectarse, porque los resultados que arroja son indeseables para todos

Hace no mucho tiempo se volvió “normal” reseñar hechos de violencia ocurridos en las calles de nuestras ciudades. Y entre estos hechos, era cotidiano conocer de “enfrentamientos” a balazos registrados entre grupos delincuenciales, o entre estos y cuerpos de seguridad del Estado.

Luego regresó la calma, al menos a algunas regiones del país, entre ellas Coahuila. Con todo lo insatisfactorio que siga siendo el balance general en materia de seguridad, lo cierto es que las acciones gubernamentales implementadas fueron eficaces en la tarea de abatir el número de “balaceras”.

Pero las cosas parecieran estar cambiando. De abril para acá, luego del enfrentamiento en la colonia Loma Linda, en Saltillo, las confrontaciones armadas suceden a un ritmo indeseable en diversos puntos de la geografía coahuilense.

El más reciente de estos sucesos se registró ayer, en las calles de Monclova, donde, de acuerdo con la información oficial, agentes estatales se habrían enfrentado a un par de presuntos delincuentes con quienes intercambiaron disparos y a los cuales persiguieron por cerca de tres kilómetros sin lograr capturarlos.

El común denominador de estos enfrentamientos es el mismo que todos recordamos de la época de violencia padecida recientemente: una actitud de abierto desafío de la delincuencia -organizada o no- hacia las instituciones públicas responsables de la seguridad.

Se trata de un elemento preocupante porque justamente esa actitud mostrada por los grupos delincuenciales en el pasado reciente constituyó el origen de la escalada de violencia que vivimos.

Más aún: la respuesta que el Estado Mexicano tuvo frente a esta actitud no solamente fue ineficaz para detener la violencia, sino que la exacerbó llevándonos a una situación en la cual resultaba difícil distinguir, más allá de los uniformes, entre delincuentes y agentes del orden.

Y es que los comportamientos eran esencialmente los mismos: uso indiscriminado de la fuerza -y especialmente de la fuerza letal-, nulo respeto por los derechos de los ciudadanos y una actuación basada en la falsa premisa de que el adversario se rendiría ante la evidente superioridad del otro.

Lo que estamos viendo en estos días en Coahuila es, toda proporción guardada, la reproducción de una película que ya vimos y que no debemos permitir que vuelva a proyectarse, porque los resultados que arroja son indeseables para todos.

El más indeseable de ellos es la instauración de una política policial según la cual primero se dispara y después se indaga. Casos como el del migrante hondureño recientemente victimado en Saltillo constituyen la evidencia de lo indeseable que tal comportamiento puede ser.

El simple uso de la fuerza, la historia lo ha demostrado, es insuficiente para hacer retroceder a los delincuentes. Sería tiempo de que las autoridades mexicanas -y las coahuilenses con ellas- lo entendieran y actuaran en consecuencia.