Por: Gabriela Capó Ramírez

Los seres humanos hablamos continuamente sobre el cambio, sobre lo necesario que es para crecer y transformarnos, pero también sobre lo difícil que resulta cambiar. Hemos escuchado muchas veces que la única constante es el cambio y, sin embargo, cuando llega el momento de cambiar, surgen las resistencias y el mirar hacia un pasado que es más atractivo que la perspectiva de lo desconocido y de hacer las cosas de forma diferente.

En junio de 2016 finalizó el proceso de implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en los 32 estados que conforman México, y a nivel Federal. Ocho años antes se había aprobado una reforma constitucional donde se definieron las bases, principios y valores de este nuevo sistema y que en muchos aspectos rompían completamente con la forma en que se hacían las cosas en el sistema inquisitivo. 

Entre los cambios más significativos está el incluir dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la presunción de inocencia, es decir, el derecho a ser inocente hasta que se demuestre lo contrario; dar voz a las víctimas en los procesos penales; y establecer medidas para que la justicia sea más rápida, transparente y eficiente. 

El cambio del Sistema de Justicia Penal Inquisitivo al Acusatorio ha sido considerado como la mayor reforma jurídica en la historia contemporánea de México y, como ya se dijo al inicio de este texto, el cambio genera incertidumbre, miedo y demanda hacer las cosas diferentes para obtener resultados diferentes. 

En ese sentido, las personas que tienen un rol y una responsabilidad para hacer que el Sistema de Justicia Penal funcione en México (gobernantes, policías, investigadores, fiscales, defensores, jueces, etcétera), son seres humanos y como tales, también sienten una resistencia al cambio, sobre todo cuando implica un rediseño de instituciones, cambiar la forma en que han hecho las cosas por años y aprender nuevas habilidades. 

Sin duda, no se trata de una reforma sencilla, pero sí de una reforma que puede cambiar cómo, desde la ciudadanía, recibimos y tenemos acceso a la justicia. Es también una oportunidad para modificar la forma en que cada una de nosotras y nosotros entendemos la justicia, la demandamos y nos relacionamos con ella. 

A sólo un año de completarse la implementación han empezado a surgir voces que culpan al Sistema de Justicia Penal Acusatorio de incrementar la violencia y de dejar libres a los delincuentes. Esto no es responsabilidad del Sistema de Justicia, sino de las autoridades y de la falta de una estrategia integral de Gobierno a todos los niveles que considere, entre otros elementos, la prevención de la violencia y de los delitos, así como medidas claras dirigidas a garantizar la seguridad pública. No debe usarse al Sistema de Justicia Penal Acusatorio como chivo expiatorio ni como el pretexto de las autoridades ante la falta de acciones que reduzcan los niveles de inseguridad.

El sistema de justicia penal acusatorio no es perfecto y aún tiene un camino largo para consolidarse. A pesar de esto, el sistema no necesita reformarse en este momento, lo que necesita es apoyo, que se le dé tiempo y que se trabaje en aquellos puntos que deben fortalecerse. 

Las grandes reformas, aquellas que transforman a las sociedades y a los países, no se concretan en un año. Los mexicanos merecemos justicia de calidad. Exijamos a nuestras autoridades su compromiso para que esto sea una realidad.

@GabrielaCapoR

La autora es directora Ejecutiva del Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C., Insyde.

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