Ilustración: Esmirna barrera
El Presidente de México anuncia el recorte de la mitad del gasto en publicidad oficial y revierte la reforma educativa con un memorándum

La confrontación ha sido una presencia constante en las conferencias de prensa tempraneras que diariamente ofrece el presidente Andrés Manuel López Obrador junto con sus principales colaboradores.

Con el argumento de que en el nuevo régimen que él encabeza, existe verdadera libertad de expresión, el tabasqueño asegura que no sólo los medios de comunicación, sino también él personalmente, tiene derecho de réplica.

Así fue como clasificó a la prensa escrita, radiofónica, televisiva y de redes sociales como “fifí”, cuando -siempre según el Jefe del Ejecutivo Federal- son de tendencia conservadora o de derecha; es decir, contraria a la ideología presidencial, y “chaira”, cuando se alinean medios llamados progresistas, liberales o de izquierda.

Esta sola división sería suficientemente marcada para polarizar grupos y convertir las redes sociales, especialmente Twitter, en un campo de batallas campales donde “fifís” y “chairos” chocan con todo, sin reglas, a un número no especificado de caídas y sin límite de tiempo.

No obstante lo anterior, la rivalidad entre AMLO y los periodistas se enrareció en días pasados, cuando el mexicano Jorge Ramos, de Univisión, increpó al Presidente sobre las diferencias que uno y otro tenían respecto a las cifras de inseguridad en el País.

En ese marco, el gobierno de López Obrador anunció el pasado miércoles que habrá menos recursos para publicidad oficial y más transparencia sobre cómo se ejercerá el presupuesto en ese rubro.

Según se detalló, este año el Primer Mandatario reducirá en 50 por ciento el gasto en publicidad oficial respecto al 2018, el último de la administración de su antecesor, Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, no se ha establecido de qué manera la nueva política de comunicación operará mecanismos de control y cuáles serán las sanciones por exceder los montos fijados.

Los excesos en el gasto para propaganda derivan en un bombardeo mediático que publicita los logros del Gobierno y crea una dependencia entre la prensa y las autoridades, en la que los medios afines pueden recibir más dinero sin criterios específicos.

Otro expediente que AMLO dejó abierto en la laboralmente reducida Semana Santa –únicamente brindó tres conferencias mañaneras–, fue la emisión de un memorándum que el Presidente de la República firmó contra la reforma educativa aprobada durante el sexenio de Peña Nieto.

Tal acción, empero, ha sido cuestionada por expertos constitucionalistas y miembros de la oposición, que destacan la supremacía de la Carta Magna sobre cualquier otro documento legal.

En contraste, López Obrador dijo que con el memorándum que firmó, él cumple la promesa que hizo a los mexicanos de dejar sin efecto “la mal llamada reforma educativa” (siempre lo dice así: “la mal llamada reforma”), y que entró en vigor en el sexenio de Peña.

No obstante, los expertos advierten que acatar las indicaciones del memorándum presidencial implica incurrir en un delito penal, y subrayan que nada debilita más al estado de derecho y las instituciones, que el promover desde el poder el desconocimiento de la ley, su incumplimiento y que se deje de aplicar.

Como se ve, la aparente tranquilidad que tradicionalmente traen consigo las vacaciones de primavera, no desaceleró el frenético ritmo de trabajo de López, que continúa imponiendo su interpretación de las leyes y pone oídos sordos a quienes no comulgan con sus ideas.