Foto: Archivo Vanguardia
El director de Proyectos del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE) consideró que la obstrucción al trabajo periodístico de la que el equipo de VANGUARDIAMX fue objeto forma parte del déficit de garantías que existe en Coahuila para el ejercicio de la libertad de expresión

Saltillo, Coah.- El haber impedido a los periodistas ingresar a una sala de juicios portando sus libretas y plumas, así como hojas y lápices para elaborar dibujos, “refleja una ignorancia absoluta acerca de cuál es la función de la prensa para cubrir notas… (y sobre) la lógica del sistema de justicia penal en su actuación”, afirmó Armando Rodríguez Luna, del colectivo CASEDE.

“Yo creo que es un tema de ignorancia de parte de los operadores, pero particularmente de los operadores en el área burocrática… que no conocen bien la naturaleza de las disposiciones que surgen del sistema de justicia penal”, dijo el especialista.

Rodríguez Luna presentó esta semana en Saltillo, a nombre de CASEDE, el Índice Estatal de Libertad de Expresión elaborado por esa organización civil, según el cual Coahuila registra un déficit institucional en las garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

La obstrucción al trabajo periodístico de los representantes de VANGUARDIAMX, ejecutada por la administradora del centro de Justicia Penal de Saltillo, Ayari Vázquez Rodríguez, se enmarca en este déficit de garantías existente en Coahuila, de acuerdo con el especialista.

“Revisamos y ubicamos que no existe dentro del marco legal (de Coahuila) cláusulas importantes para el ejercicio periodístico, tales como el secreto profesional, la cláusula de conciencia o la cláusula de acceso preferente a las fuentes de información”, afirmo Rodríguez Luna.

Sobre el particular, y tras conocer la queja formal presentada por representantes de esta casa editora, el especialista expuso que es importante establecer mecanismos de diálogo entre los periodistas y los funcionarios públicos, a fin de avanzar más rápidamente en la eliminación de los obstáculos al ejercicio del trabajo de los comunicadores.

“Nos parece importante que los periodistas puedan desarrollar vínculos mucho más estrechos con autoridades gubernamentales para capacitar a los operadores de justicia sobre los derechos que como prensa tienen… el acercamiento entre periodistas y operadores de justicia, en este caso, es fundamental para que ambos sepan garantizar, por un lado el derecho que tiene la prensa y por otro que los periodistas sepan ejercer este derecho”, concluyó.