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El Estado de México, gobernado entonces por Eruviel Ávila, fue la entidad con el mayor número de irregularidades en el gasto con este programa, por un monto de 836 millones de pesos.

Por Nayeli Roldán/@nayaroldan para Animal Político
 
El principal programa para la rehabilitación de escuelas públicas en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, Escuelas al Cien, no llegó a la meta prometida, y no se justificó el destino de más de mil millones de pesos.

Además, los planteles más beneficiados por el programa se ubicaron en municipios de poco rezago, contrario a la promesa de ayudar a las zonas más rezagadas, para atacar así uno de los aspectos más evidentes de desigualdad en el sistema educativo. 

El Estado de México, gobernado entonces por Eruviel Ávila, fue la entidad con el mayor número de irregularidades, con un monto señalado que ascendió a 836 millones de pesos. Dicha cantidad equivale a 78.5% del total de irregularidades por un monto de mil 65 millones de pesos, detectadas en 12 entidades en 2018.

Estas fueron algunas de las conclusiones del Informe Especial sobre el Programa Escuelas al Cien, en el que la Auditoría Superior de la Federación hizo un balance de los tres años de operación, como parte del informe individual de Cuenta Pública 2018 entregado el viernes 28 de junio. 

Al iniciar el programa, en 2016, se estableció que la meta a alcanzar serían 33 mil planteles distribuidos por todo el país, con alguna mejora sustantiva en su infraestructura con un monto de 50 millones de pesos. Pero dicha meta no se logró. 

Aunque se ejercieron 40 millones de pesos, lo que representa 80% del presupuesto, la cobertura lograda hasta 2018 fue de sólo 62.7%, correspondientes a 21 mil 665 planteles beneficiados. Quedaron pendientes 12 mil 883, es decir, 37.3%.

El programa prometió concentrarse en las escuelas en condiciones de infraestructura más deficientes y, sobre todo, en las zonas más rezagadas, pero en la realidad no fue así. Del total de planteles integrados a este programa, sólo 16.2% estuvo en zonas de rezago medio, 12.1% de rezago alto y 4.8% considerado muy alto.

En contraste, 37.2% de planteles del programa se ubicaron en municipios con rezago social muy bajo, y 29.7% se distribuyó en municipios con rezago social bajo, dice el análisis de la Auditoría.

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Esto se tradujo también en recursos, toda vez que se destinaron 806 millones de pesos al bloque de escuelas con menos rezago educativo, mientras los de mayor rezago educativo sólo obtuvieron 79 millones de pesos, es decir, 10 veces menos.

Dichas decisiones permitieron casos como el del municipio Magdalena Teitipac, en Oaxaca, con un Índice de Rezago Educativo de 60%, que no recibió nada del programa; tampoco Asunción Ocotlán o San Miguel Santa Flor, con 58% de rezago, ni otros seis con ese mismo índice. Apenas una escuela fue incluida en el programa en el municipio de Santiago Yaitepec, con 57% de rezago y que recibió 600 mil pesos.

En contraste, 17 escuelas de la alcaldía Benito Juárez fueron beneficiadas con 31 millones de pesos, pese a que el Índice de Rezago Educativo es de 2.5%, el menor entre los 20 municipios menos rezagados.

El municipio de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, recibió 157 millones de pesos, el mayor monto para beneficiar a 16 escuelas, aunque el rezago educativo era de 7.7%.

Las irregularidades señaladas

El Estado de México fue la entidad más beneficiada, con mil 775 millones de pesos, pero de ellos falta documentación justificativa y comprobatoria del gasto de 836 millones de pesos, lo que representa 78.5% del monto total observado.

En la fiscalización practicada a los recursos de la Cuenta Pública 2018, el monto total observado en las auditorías del programa ascendió a mil 65 millones de pesos, que corresponde casi en su totalidad a montos por aclarar.

La segunda entidad con mayor monto por aclarar es Puebla, con 124 millones de pesos, que significa 11.7% del total. Otros montos menores por aclarar estuvieron en Jalisco, Nayarit, Tamaulipas, Morelos, Guanajuato, Colima, Oaxaca y Aguascalientes.

Entre las irregularidades detectadas está la falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto, y bienes adquiridos no localizados.

Esto evidenció que “los ejecutores del gasto carecen de controles internos que permitan organizar la documentación para verificar la trazabilidad del ingreso y el egreso de los recursos, lo que dificulta los procesos de transparencia y rendición de cuentas”, concluyó la Auditoría.