Espacio público: agenda pendiente

El pasado 1 de enero se instaló una nueva legislatura local, calificada como histórica debido a su pluralismo político sin precedentes. Esta enfrentará retos únicos en virtud de los variados temas pendientes en la agenda legislativa local. Entre estos, está una cuestión que sus antecesoras han desatendido, de importancia esencial para el desarrollo local de la participación ciudadana y consolidación de la vida democrática: el espacio público.

El espacio público, entendido como los lugares físicos y simbólicos donde conviven los poderes y los ciudadanos, con incidencia en la vida colectiva por ser sede y lugar de experiencia colectiva, necesita un programa que lo proteja. Los siguientes son algunos aspectos en la materia que una legislatura plural como la que comienza se encuentra en una posición privilegiada para consolidar.

En primer lugar, se debe prevenir la destrucción y captura de los espacios públicos. La comercialización y privatización de estos impiden el apoderamiento de los mismos por intereses sociales sobre particulares.

La planeación urbana local ha favorecido la creación de espacios destinados a la mercantilización sobre la consolidación de lugares que satisfagan necesidades urbanas colectivas.

Privilegiar entornos que ven a los ciudadanos como clientes mas que como miembros de una comunidad no es el único obstáculo del espacio público. El asimiento por grupos de interés de los espacios de construcción de leyes y políticas públicas son graves retrocesos.

La legislatura, a través de los procesos legislativos y mecanismos de rendición de cuentas, puede devolver a estos su carácter de medios al servicio de la colectividad. Por otra parte, de deben despenalizar actividades que alientan el uso del espacio público.

En los últimos años se han creado en México normas que castigan las manifestaciones en los espacios públicos y Coahuila no es la excepción: sus leyes penales indirectamente criminalizan la protesta y desalientan la manifestación de las ideas en la vía pública.

Las calles, sin embargo, son los espacios naturales para la expresión política. Las legislaturas, por tanto, deben idear normas que compatibilicen el ejercicio plural de estos espacios, reconozcan la diversidad de usos y usuarios de los mismos y no restrinjan su función social y política donde cohabita la diversidad de las comunidades. 

Finalmente, se deben impulsar aspectos virtuales del espacio público. Este ha dejado de tener un carácter meramente físico y hoy gran parte del debate público sucede en el ámbito virtual. Esta tendencia no hará más que crecer, por lo que estos medios se deben reconocer como medios válidos de expresión de ideas e integrarlos a la conversación pública.

Crear espacios de propuesta y debate sobre políticas públicas y consolidar los sistemas para acceder a la información pública son formas en que se puede aprovechar la participación ciudadana surgida en medios digitales. Aunque los espacios virtuales no sustituyen las cualidades que poseen las manifestaciones físicas, son poderosos medios de organización.

En virtud de sus competencias constitucionales, el Congreso del Estado tiene amplios poderes para la consolidación del espacio público como lugar privilegiado para la acción política. En una sociedad como la que queremos tener, con una ciudadanía plenamente involucrada en las decisiones públicas, proteger el espacio público no es una aspiración menor.

Juan Francisco Reyes
Investigador de la Academia Interamericana de Derechos Humanos
Twitter: @jfreyes

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