La Enciclopedia Británica define el Estado de Bienestar (Welfare State) como un concepto de gobierno en que el Estado o una base bien establecida de instituciones sociales juegan un rol clave en promover y proteger el bienestar económico y social del ciudadano. Se basa en principios de igualdad de oportunidades, distribución equitativa de riqueza y responsabilidad pública por aquellos que no pueden valerse por sí mismos para tener una buena vida.

El FMI publica un ensayo de Nicholas Barr, profesor de economía de la Escuela de Negocios y Ciencia Política de Londres, en el que apunta que el mundo ha cambiado de una forma que afecta a las familias, al trabajo y a las habilidades de las personas. El profesor Barr sostiene que el Estado de Bienestar si bien existe para apoyar a los pobres, también existe para responder a las fallas e ineficiencias del mercado, las cuales existirían incluso si no hubiera pobreza; y para apoyar el crecimiento económico a través de inversión en capacitación o transferencias de recursos para mejorar la alimentación de las personas, la cual generaría mejor nutrición y, por lo tanto, mejor educación. El profesor Barr se plantea la complejidad de establecer, por ejemplo, un Ingreso Básico Universal (como el que proponía Ricardo Anaya) en el que se tendría que aumentar los impuestos (o por lo menos la captación) para que muchos que tienen menos puedan ser apoyados por pocos que tienen más, causando un desincentivo al trabajo y a la inversión. A final de cuentas, el profesor Barr sostiene que una buena política social requiere la actividad de mercado y del Estado en sintonía.

Ahí es donde está uno de los grandes dilemas que enfrenta la 4T. Hay prisa en implementar un Estado de Bienestar, pero parece estar dejando atrás los incentivos para que el mercado le de viabilidad de largo plazo. Cierto, si la corrupción acabara mágicamente, habría un mundo de recursos disponibles que antes acababan en desarrollos inmobiliarios de Texas, cuentas en Suiza, yates y políticos que merecían abundancia. No sabemos cuánto se dejará de perder en corrupción y por lo tanto es difícil pensar que los distintos programas anunciados recientemente serán sostenibles si el tamaño del pastel (economía) no crece, y eso incluye alinear incentivos para la inversión pública y privada, nacional y extranjera. Sin crecimiento no hay bienestar. Recordemos el fallido lema de campaña de Zedillo: “Bienestar para tu familia”.

Aunque hay múltiples señales de su marcada inclinación de izquierda, por mucho tiempo se ha tratado de adivinar la filosofía económica y social que AMLO pretende poner en acción en México. Cada día nos da pistas, a veces confusas. Es pro TLC y al mismo tiempo se manifiesta reacio a depender de productos importados. Sostiene que apoyará la autonomía de Banxico, al tiempo que corta presupuestos a organismos y entidades autónomas. Siempre ha sido muy claro acerca de sus prioridades económicas y no debería sorprender la racha de anuncios relacionados a apoyos directos a distintos grupos. “Por el bien de todos, primero los pobres”, dijo en su discurso del Zócalo el 1 de diciembre pasado. Esto es algo que repite con frecuencia y muy difícil de criticarle en un País con más de 50 millones de pobres, donde la trampa de la pobreza que representa nacer pobre es prácticamente una sentencia a morir pobre. El jueves 7 de febrero durante su conferencia matutina hizo referencia al Estado de Bienestar y se refirió a Noruega, Dinamarca o Inglaterra como ejemplos. Es bueno tener aspiraciones y metas similares a los de países como esos, sin embargo, surge la duda de si ya está la tarea hecha, si tenemos los números que balanceen los egresos con ingresos sostenibles. ¿Está la carreta enfrente de los caballos?

@josedenigris

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