La democratización latinoamericana arroja un resultado esencialmente positivo. Si bien en la realidad, al final de la historia, tienden a prevalecer los claroscuros, hay un obvio balance positivo de las últimas tres décadas: origen electoral de las autoridades, libertad de expresión y democratización en el acceso a la información pública, para mencionar sólo tres temas importantes. Entre los “pendientes”, ciertamente, está la “democracia social”, minada por la persistencia de la pobreza o la desigual distribución del ingreso.

No se trata, sin embargo, sólo de esto. Si bien la “democratización” es un hecho, la mayoría de estados latinoamericanos vienen demostrando en su desarrollo institucional una extendida incapacidad de responder a nuevos retos que arremeten aluvionalmente. Ya no son los retos provenientes de un pasado de gobiernos autoritarios o de guerras internas, sino los que plantea una nueva realidad en la que destacan dos componentes.

Primero, la expansión de la inversión a rincones del mundo en las que esta había sido esquiva. Si bien el “enfriamiento” de la economía global afecta, este bache no borra una tendencia a que la inversión en el sector extractivo (especialmente minería y petróleo) y en el hidroeléctrico, siga siendo crucial. Algo muy bueno pues ha sido el factor clave en el crecimiento del producto latinoamericano en más de 80 por ciento en los últimos tres lustros.

Segundo, una población que está no sólo mejor informada que en el pasado, sino que se siente con derecho a opinar y a ser consultada sobre procesos de inversión y sus impactos sociales y ambientales. 

Las dinámicas de consulta sobre los estudios de impacto ambiental o del uso de tierras o territorios de comunidades tienen una enorme complejidad y dan cuenta de una nueva realidad: quedó atrás aquella en la que casi bastaba el otorgamiento de una concesión minera o petrolera por el gobierno central –más algunos arreglos patrimoniales locales– para “pasar a la acción”.

En esta nueva realidad, sin embargo, la vieja maquinaria de la institucionalidad pública cruje; se mueve a la velocidad de la tortuga cuando la realidad avanza a la de una liebre. En mayor o menor medida es esto lo que hoy ocurre al menos en 14 países latinoamericanos marcados por una alta conflictividad alrededor de proyectos en inversión extractiva o en hidroeléctrica con dinámicas institucionales que no funcionan o lo hacen mal. De acuerdo a la OIT cada proceso de consulta en Colombia y Chile, por ejemplo, demora más de 8-9 meses. En un país como el Perú, con una población andina básicamente quechua hablante, sólo uno de las consultas ha sido en quechua. Saltan a la vista al menos dos problemas importantes.

Primero, la débil y enmarañada institucionalidad pública; especialmente en lo de los estudios de impacto ambiental y las “consultas previas”. Esto dilata los procesos “ad infinitum” y no institucionaliza los caminos de diálogo o consulta con los grupos sociales que deben ser considerados; es como si apareciera de sorpresa, de pronto, el “reto” de algo tan normal como organizar elecciones municipales periódicas. Superposición de funciones y competencias entre dependencias del gobierno central, atribuciones borrosas –o superpuestas– de los gobiernos locales también sin visibles en lo que es un proceso, en realidad, de “Estados en construcción”.

Segundo, reglas muchas veces borrosas –o imprecisas– sobre la institucionalidad representativa de los sectores sociales concernidos. Cierto, que la realidad misma es compleja, pero muchas veces no es prístinamente claro, por ejemplo, donde empiezan –y donde terminan– los sectores cuyas tierras o territorios tienen que ver con un proyecto o su “área de influencia”. O cómo se toman válidamente las decisiones en las comunidades. Los criterios para proceder y resolver podrían estar claramente normados, sin perjuicio del respeto a su autonomía, y responder a procesos internos transparentes y confiables concordantes.

Grandes retos para el año que está por empezar.