Hasta ahora parece que en materia de investigación y procesamiento de políticos corruptos asociados a las organizaciones criminales, sólo nos queda voltear hacia el norte en busca de alguna respuesta

La corrupción y la impunidad, se ha dicho en múltiples ocasiones, son dos de los principales motivos de agravio de la sociedad mexicana. Y lo son, porque se trata de dos fenómenos extendidos a tal grado que se han constituido en diques para el crecimiento y el desarrollo del país.

¿Por qué se han extendido y han logrado persistir como características del ejercicio del poder público? La razón más relevante es que las redes de complicidad tejidas desde y hacia el poder público incluyen prácticamente a todo mundo y eso garantiza que no sea posible perseguir a nadie sin provocar un sismo en todo el sistema.

Para desgracia de los ciudadanos, ni siquiera la alternancia en el poder público ha logrado romper el círculo vicioso, pues los representantes de las distintas fuerzas políticas sólo son rivales en teoría y al final todos observan la misma conducta y eso incluye los vicios.

Así pues, a nadie puede sorprender que la única acción real en contra de la corrupción y la impunidad endémicas en México provenga del exterior y que sea más allá de nuestras fronteras donde se armen exitosamente casos en contra de políticos nacionales.

Los coahuilenses tenemos una verdadera “colección” de casos que incluyen a un exgobernador -Jorge Torres López-, un extesorero -Javier Villarreal Hernández- y al menos un par de “empresarios” que en los años recientes prosperaban en el territorio coahuilense.

Hoy, de acuerdo con el columnista Raymundo Riva Palacio, a esa lista podría incorporarse otro exmandatario coahuilense debido a que César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, estaría entregando información a las autoridades estadounidenses acerca de los negocios que en Coahuila realizaba Juan Manuel “El Mono” Muñoz.

El articulista asegura que la información proporcionada por Duarte involucraría en actividades ilegales al expresidente Enrique Peña Nieto evidenciando con ello lo que se ha especulado largamente en Coahuila: que las autoridades de los Estados Unidos están detrás de “los verdaderos peces gordos” en materia de complicidad entre políticos mexicanos y líderes de organizaciones criminales.

La información revelada por Riva Palacio refuerza la idea de que “El Mono” Muñoz y Javier Villarreal podrían terminar convertidos en testigos colaboradores de los fiscales estadounidenses en su búsqueda de información para armar casos en contra de “presas más importantes” que ellos.

Ante tal posibilidad resulta obligado cuestionar una vez más por qué en México no pasa nada, ni siquiera por el hecho de que desde hace más de 13 meses despacha en Palacio Nacional un Presidente que ofreció “erradicar” la corrupción en el país.

Por lo menos hasta ahora, parece que en materia de investigación y procesamiento de políticos corruptos asociados a las organizaciones criminales, sólo nos queda voltear hacia el norte en busca de alguna respuesta.