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Gustavo decidió emprender la ruta legal para sentar un precedente y que otras personas de la comunidad LGBTTI+ no tengan que enfrentar este tipo de discriminación

Después de vivir juntos poco más de un año, Luis Azamat y Gustavo Mayén decidieron, dar lo que para ellos es el siguiente paso en su relación, casarse y comprar una casa. Durante dos meses evaluaron opciones de inmuebles en internet. El  Fraccionamiento La Viña Residencial, de la empresa Opción Desarrollos Inmobiliarios, fue el que más les gustó. Les pareció bonito, con buena ubicación y a un precio accesible.

Los vendedores de todas las inmobiliarias a las que llamaron o escribieron fueron muy amables cuando la pareja los contactó para pedir informes. También Lucía Rueda lo fue al inicio, incluso le insistió a Luis que la buscara a ella para atenderlo personalmente, si se decidía por su fraccionamiento. Pero la amabilidad desapareció cuando al chequear el CURP -una clave de registro individual que se usa en México para todos los trámites- descubrió que la pareja de Luis no era una mujer sino un hombre.

—Disculpe, este es de un señor.

—Él es mi pareja —contestó Luis.

—¿Ambos son hombres?

—Sí

La mujer dejó de contestar.

—¿Hola? ¿Me bloqueó?

Luis le contó a Gustavo que la vendedora había cortado la comunicación después de enterarse que eran una pareja homosexual. Gustavo llamó al teléfono de ventas del fraccionamiento, en el municipio de San Luis Potosí, donde ellos viven, en el estado del mismo nombre, en el centro norte de México. Le contestó un hombre.

—¿Para comprar las casas hay alguna restricción por condición social, preferencia religiosa o sexual? —preguntó Gustavo

—No, claro que no, ¿por qué lo pregunta, caballero?

Gustavo le contó lo sucedido con Lucía. El agente inmobiliario, Javier Govea, le pidió una disculpa. Se ofreció a averiguar qué había sucedido y a atenderlos él mismo para la venta de la casa. Quedaron de verse el sábado 6 de febrero en el fraccionamiento para que les enseñará una vivienda muestra. Govea fue muy amable. Al final del recorrido les contó lo que estaba sucediendo: Lucía Rueda es la mamá del gerente, Carlos Morales, y le había ordenado a su hijo bloquear a la pareja en el sistema para que ningún otro asesor pudiera atenderlos.

Govea les sugirió esperar 15 días, el tiempo que dura el bloqueo. Después, él podría atenderlos. “¿Y qué garantía tenemos de que la señora, si es la mamá del gerente, no le diga a su hijo que nos vuelva a bloquear o que se entere que usted nos va a atender y pida otro bloqueo?”, cuenta Gustavo que le dijo. El vendedor le respondió que no podía asegurarles que eso no pasará y les ofreció recomendarlos con otros asesores inmobiliarios en otros fraccionamientos.

Gustavo se enojó. Le dijo que ya querían esa casa y que iban a emprender acciones legales por el acto de discriminación. “Para nosotros fue un suceso trágico, porque las casas nos gustaron”, dice Gustavo. Pero decidió emprender la ruta legal y de quejas para sentar un precedente y que otras personas de la comunidad LGBTTI+ en el estado no tengan que enfrentar ese tipo de discriminación.