Esto trama Poncio Pilatos

El escenario en la casa de la transición del presidente electo no podría haber sido más explícito. Andrés Manuel López Obrador escoltado a su izquierda por el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y a su derecha por su próximo jefe de Oficina, Alfonso Romo, y por su amigo y asesor, José María Riobóo. Romo, que dio garantías al sector privado y los inversionistas de que la obra del nuevo aeropuerto en Texcoco se mantendría, convertido en rehén de la realidad política de la Cuarta Transformación. Riobóo, quien convenció a López Obrador que Texcoco no era el camino sino una nueva terminal en Santa Lucía y subordinó a sus deseos a Jiménez Espriú, era el gran ganador. Si no pudo ganar una licitación en Texcoco, nadie haría negocio en ese lugar. Romo fue perdedor, pero el que más sufrirá la derrota en el mediano plazo, fue quien no estuvo siquiera invitado a la fiesta: Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda.

Urzúa había analizado el modelo de negocios y el financiamiento de la obra en Texcoco y le había explicado al presidente electo que sería un buen negocio para el próximo gobierno. Parecía haberlo convencido, pero fue una ilusión. Romo pensaba lo mismo, y comprometió su palabra con quienes veían con preocupación la cancelación del proyecto. El resultado de la consulta de Morena para validar lo que López Obrador había prometido en la campaña, cancelar esa obra “faraónica”, rubricó su derrota ante el sector duro -o interesado, como en el caso de Riobóo- del equipo del presidente electo, y envió un mensaje a los inversionistas: los próximos funcionarios más amigables a inversionistas y empresarios, carecen de poder real sobre López Obrador. Que ni siquiera hubiera invitado a Urzúa al anuncio de su postura sobre la consulta, tratándose de un tema profundamente financiero, confirmó el poco respeto que tiene de su carta hacendaria.

El próximo secretario de Hacienda tendrá que lidiar con la decisión sobre el futuro de Texcoco, entregada por López Obrador a 748 mil personas, ubicadas en las zonas donde obtuvo el mayor número de votos en la elección presidencial. No había forma de perder la consulta, diseñada para que a través de una urna, se sustituyera la mano alzada de la asamblea en la plaza pública. Urzúa tendrá que resolver cómo pagar las multas por la cancelación de contratos, neutralizar la caída de casi 20 centavos de dólar en los bonos comprometidos en Texcoco, y cerrar la operación financiera del próximamente cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México. De acuerdo con un reporte del periódico The Wall Street Journal, los tenedores de seis mil millones de dólares de bonos que fueron adquiridos sobre el proyecto de Texcoco, podrían demandar su pago inmediato.

El problema para Urzúa, sobre todo, será convencer a los inversionistas de que el asambleísmo para decidir políticas públicas de gran envergadura, como lo hizo López Obrador, no debe inquietarlos. El nerviosismo registrado en el mercado de divisas, aunque más efímero que duradero porque no hay depreciación por un problema estructural de la macroeconomía, refleja sin embargo la manera como reaccionan los mercados ante la percepción de las señales que no les gustan. Pocas horas después de anunciarse el resultado de la consulta, UBS, el banco de inversión suizo, envió un informe a sus clientes, donde señaló: 
“El mercado reaccionará probablemente en forma negativa, ya que esta decisión desafía el Estado de Derecho en México. El sentimiento del mercado sigue arrastrando los efectos de la perspectiva negativa de Pemex y la posibilidad de que las agencias calificadoras revisen el rating de la deuda soberana. Dada la alta sensibilidad a la aversión de riesgo de los inversionistas, el peso y el mercado de renta variable podrían estar bajo presión durante los próximos días. Nuestra perspectiva para México sigue cautelosa. Vemos el potencial de un referéndum público como una vía válida para que constitucionalmente se refuercen cambios en el futuro, incluida la posibilidad de extender el mandato presidencial de seis años. El uso de las reservas en el Banco de México podría ser sujeto también a la elección de la gente”. 

El primer análisis de una institución financiera internacional es ominoso para un gobierno que aún no tiene su primer día como gobierno legalmente instituido. Pero reconoce la fuerza de López Obrador para que, como presidente electo, sin ninguna atribución legal, pueda cancelar una obra que se encuentra con un avance de 30% y tirar a la basura una inversión de 300 mil millones de pesos, por una obra que no existe siquiera como proyecto ejecutivo. La preocupación es que escudado en la legitimidad de 30 millones de votos que le dieron la Presidencia, podría torcer los instrumentos democráticos que le dieron la victoria en las urnas para instaurar un régimen que le dé la vuelta a la Constitución.

No lo dice UBS, pero en las analogías no escritas se encuentra lo que sucedió con Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, donde utilizando los recursos de la democracia, subrepticiamente la trastocaron, como también sucedió con Evo Morales en Bolivia y Daniel Ortega en Nicaragua. La interpretación que hicieron los suizos por la forma como organizó la consulta y avaló con ella su promesa de campaña, fortaleció los temores detonados por el cambio de ley en Tabasco para que pueda hacer obras públicas sin necesidad de licitarlas, y la iniciativa para acabar con los órganos autónomos reguladores creados por la Reforma Energética, como el principio de un régimen autoritario.

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